Miércoles, Enero 11, 2012 | Por Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba, enero, www.cubanet.org -De nuevo ha ocupado lugares 
estelares en el debate oficial  las demoras en  los cobros y los pagos 
entre las empresas e instituciones,  y de algunas de ellas con el sector 
privado.  Este fenómeno ha estado presente en la economía 
permanentemente a lo largo de los años y con intensidad se vuelve a 
discutir a la luz de grandes escándalos de corrupción cometidos al 
amparo de la larga cadena de impagos, y a otras cuestiones relacionadas 
con el  gran descontrol imperante.
Hasta el presidente Raúl Castro se refirió a este asunto en su discurso 
resumen de la sesión de la Asamblea Nacional, efectuada  el 23 de 
diciembre. El tema está unido a las características de la economía 
centralizada cubana. Su génesis se halla fundamentalmente en la 
improductividad y falta de eficiencia de las empresas, que hace que  una 
cantidad elevada de ellas trabaje con pérdidas, y por consiguiente no 
puedan cumplir sus compromisos de pago.  Por supuesto si  las empresas 
acreedoras no pueden cobrar, también deben retener los pagos a otros 
sujetos económicos, produciéndose la llamada "cadena de impagos", que en 
mayor o menor magnitud siempre ha existido.
En adición influye la indisciplina y el descontrol existente en las 
empresas y entidades presupuestadas. Problemas promovidos por muchos 
factores como una contabilidad ineficiente, con personal mal retribuido, 
peor priorizado y sin el debido reconocimiento social, a lo que se 
agrega un considerable atraso en las técnicas para registrar 
correctamente los hechos económicos. También influye negativamente la 
variedad de precios existentes para  un mismo producto, formados por lo 
regular sin tener en cuenta los costos reales y el mercado; a lo que se 
une la irracional diversidad de formas de comercialización (racionada y 
venta libre, mercados de oferta y demanda, mercados controlados, bolsa 
negra, todos en pesos, así como diversas modalidad de las tiendas de 
venta en divisas), y la dualidad monetaria.  Además, durante años muchos 
los dirigentes de las empresas y entidades presupuestadas han sido 
seleccionados por la militancia política, sin otorgar adecuada 
importancia a los conocimientos económicos, lo que ha originado poca 
atención a esos temas e incomunicación con el personal dedicado a ellos.
Todo este entramado irracional,  en una economía altamente centralizada, 
llena de trabas burocráticas y de prohibiciones absurdas, crea  unas 
condiciones ideales para la desorganización y el descontrol,  caldo de 
cultivo para el desarrollo de los delitos. Por otra parte, las empresas 
carecen de potestad de decisión, están depauperadas tecnológicamente, 
reciben los planes de los niveles superiores, y por lo general no tienen 
control alguno sobre el aseguramiento de los recursos materiales 
necesarios para producir o prestar servicios. En esas condiciones 
difícilmente pueden ser rentables, si no tienen posibilidades de decidir 
y tomar medidas sobre sus niveles de producción, inversión, empleo, 
formación de precios de los artículos y servicios que generan y otros 
decisivos elementos de su gestión.
En cuanto al empleo, el gobierno ha reconocido que sobran más de un 
millón de trabajadores.  Eso se debe a que en muchas unidades 
productivas las plantillas están infladas, lo que impide organizarlas, y 
aumentar la productividad y el salario real. Según cálculos del conocido 
economista Carmelo Mesa-Lago -coincidentes con evaluaciones realizadas 
por otros especialistas residentes en la Isla-  el salario real de los 
trabajadores cubanos cayó el 73,0% entre los años 1989 y 2010.  Los 
datos brindados a la sesión de la Asamblea Nacional, el pasado 
diciembre, por el ministro de Economía y Planificación, Adel Yzquierdo, 
en 2011 el salario nominal medio mensual solo creció en  2,3% con 
respecto al año anterior,  y aunque no citó el índice de inflación, está 
claro que fue muy superior, teniendo en cuenta, entre otras, las 
considerables alzas en la electricidad, los alimentos y los artículos de 
tocador y limpieza, lo cual indica que el salario real  continúa 
deteriorándose. En cuanto a la pensión media mensual, la ministra de 
Finanzas y Precios, Lina Pedraza, la ubicó en 255 pesos en 2011,  para 
un crecimiento del 4,1%, respecto al 2010 (244.86 pesos), un porcentaje 
que también debe ser inferior al incremento de los precios en el recién 
finalizado año.
El proceso de reorganización de la fuerza de trabajo se ralentizó y se 
calcula extraoficialmente que la cantidad de empleados relocalizados no 
pasó de 150,000 en 2011.  Para 2012 se espera que  solo   serán 
reubicados 170 000 trabajadores, según el ministro Yzquierdo.  A ese 
paso ni la ampliación a 5 años del cronograma de reorganización, 
previsto inicialmente para 3 años, será suficiente, por lo que se 
mantendrán los bajos niveles de productividad y los salarios reales 
desmotivadores de la eficiencia laboral.  El pago de acuerdo con el 
trabajo tampoco se podrá aplicar en la extensión necesaria, a lo cual 
también contribuye negativamente la falta de autonomía de las empresas, 
en un sistema con un alto grado de gestión centralizada que asfixia las 
iniciativas.
Paralelamente el gobierno está priorizando el establecimiento de 
contratos entre las entidades estatales, y de ellas con el sector 
privado, lo cual posee aspectos positivos.  Sin embargo, la falta de 
autonomía de  éstas dificulta que eso funcione correctamente, pues 
dependen de muchas decisiones y factores ajenos a su control.   Al mismo 
tiempo no existe un sistema jurídico plenamente constituido para 
determinar las responsabilidades de los sujetos económicos, por ejemplo 
en la determinación de  penalidades efectivas a las empresas 
incumplidoras, leyes de bancarrota y otros mecanismos jurídicos.  Pero 
incluso aunque se establezca un cuerpo coherente de normas, será muy 
difícil su cumplimiento, si antes no se realizan transformaciones 
estructurales que independicen las empresas y entidades del fuerte 
control central.
Como en otros aspectos de la economía, los cobros y los pagos dependen 
de una profunda reestructuración estructural de la sociedad cubana desde 
el punto de vista económico, político y social, de forma integral.  Si 
continúan demorándose estos cambios urgentemente necesarios, no se 
solucionarán los problemas con los cobros y  los pagos, y  seguirán 
agudizándose las dificultades generadas por esa situación.
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