Jueves, Septiembre 29, 2011 | Por Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) – Los ministerios  de 
Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, Transporte y Salud 
Pública, y el Instituto Nacional de la Vivienda brindaron una 
conferencia de prensa el 12 de septiembre, sobre  nuevas medidas de 
ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia.
Los anuncios de esta reunión denotan la intención de las autoridades de 
no realizar los cambios urgentemente requeridos. Así, la ampliación del 
trabajo por cuenta propia a 181 oficios de los 178 anteriormente 
autorizados, para las personas dedicadas a trabajar el granito, los 
organizadores de servicios para fiestas de 15, bodas y otros, y agentes 
de seguros, es un paso que además de insuficiente, puede calificarse de 
ridículo. Representa la continuidad de la política dirigida a impedir 
que las personas puedan escoger libremente el trabajo a realizar, 
incluidos los graduados universitarios, a quienes se quieren mantener 
aherrojados al rígido control estatal, con miserables salarios y pésimas 
condiciones laborales.
Similar insustancialidad presenta el aumento a 50 comensales permitidos 
en los paladares-restaurantes; que los carretilleros ahora se nombren 
vendedores de productos agrícolas de forma ambulatoria;  que se reduzcan 
los impuestos a cocheros y carretoneros, así como a los arrendadores de 
cuartos y viviendas.
Esto, indudablemente, beneficia a determinadas personas, pero en modo 
alguno tendrá una importante repercusión sobre la economía en su 
conjunto, ni atenuará la seria crisis que cada día con mayor fuerza 
golpea la economía y hace más difícil la vida de los cubanos. Máxime 
cuando todo puede empeorar sensiblemente, si lamentablemente el mundo 
vuelve a caer en una recesión, como predicen algunos autorizados 
expertos.  Algo muy grave, en particular para un país que no ha salido 
de una crisis extrema que dura más de 20 años y  carece totalmente de 
reservas para  enfrentar una coyuntura económica de ese tipo.
Los problemas que han impedido el desarrollo del trabajo por cuenta 
propia no se solucionarán con esas medidas. Los niveles de impuestos 
continúan siendo asfixiantes, en particular los relativos a la 
contribución sobre los ingresos personales y a la utilización de la 
fuerza de trabajo; a la vez que  persiste la ausencia de un mercado 
mayorista para abastecer a los cuentapropistas.
A principios de septiembre se anunció que ejercían el cuentapropismo 333 
mil 206 personas, pero no se divulga que el 66,0% de ellas anteriormente 
realizaba las actividades sin autorización, con lo cual, desde el punto 
de vista económico, si bien se aumentarán relativamente los ingresos 
tributarios, no se tiene un incremento de relevancia real en la 
producción y la oferta de servicios.
Además, se reconoce que sólo un 10,0% del total de cuentapropistas (unos 
33 mil)  son empleados por otros cuentapropistas.  Esto demuestra el 
fracaso de la creación de puestos de trabajo suficientes mediante el 
cuentapropismo, lo que ha sido un factor determinante en la decisión del 
gobierno de detener el proceso de reorganización laboral -cuya meta era 
reubicar 500 mil trabajadores hasta abril pasado- y obligado a dilatar 
el cronograma completo de reubicación de 1,3 millón de trabajadores  a 5 
años, en vez de 3 como originalmente fue establecido.
La situación del empleo de trabajadores a través de la iniciativa 
privada no tiene ningún viso de solución, ya que existen  enormes 
impuestos sobre la utilización de la fuerza de trabajo que hacen 
imposible  esa alternativa.  Según el periódico Granma únicamente hasta 
diciembre no se cobrará el impuesto por la contratación de hasta 5 
personas, manteniéndose los mecanismos establecidos de que hasta 10 
trabajadores contratados se aplica un impuesto del 25,0% sobre la 
remuneración mínima considerada para cada trabajador: el salario medio 
mensual de la provincia, incrementado en un 50,0%, según información de 
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Si fueran 11 y hasta 15 los empleados, la base imponible equivale a dos 
salarios mínimos, y del 16 en adelante se calculará el impuesto sobre la 
suma de tres salarios mínimos. Esto representa que cuando sean 
contratados más de 15 personas, pueda darse el caso de  pagarse más 
impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo que el abono de los 
salarios.
Esta fórmula está diseñada para evitar el progreso de la iniciativa 
individual e impedir el surgimiento de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES).  El esquema responde al miedo del totalitarismo a que los 
cubanos puedan acceder a la libertad en la esfera económica y 
posteriormente reclamen sus derechos civiles y políticos.
Con esta reaccionaria conducta queda demostrado  que las autoridades 
prefieren que las fuerzas productivas continúen entrampadas y el país se 
hunda, antes de que peligre la hegemonía absoluta y los privilegios 
mantenidos durante tantos años.
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