Cuba, ¿actualizando la actualización?

Cambios

Cuba, ¿actualizando la actualización?

Las causas de que las medidas básicas aprobadas por el Gobierno no hayan
funcionado de la forma requerida residen en la inadecuada preparación
para que las reformas se lleven a cabo de manera normal

Oscar Espinosa Chepe, La Habana | 25/05/2011

Cada día resulta más evidente que las reformas aplicadas por el Gobierno
de Raúl Castro no han alcanzado los objetivos previstos, sobre todo
aquellos determinantes para la salida de la crisis. A casi tres años de
haberse adoptado el Decreto-Ley 259 para la entrega de tierras en
usufructo y distribuido más de un millón de hectáreas, no aumenta la
producción agropecuaria. Incluso en 2010 descendió en un 2,8 %, sin
incluirse la desastrosa cosecha cañera 2009-2010, con un misérrimo
rendimiento de 27 toneladas de caña por hectárea.

Tampoco la ampliación del trabajo por cuenta propia, con el objetivo de
coadyuvar a crear empleos y poder ubicar 1,3 millón de personas
sobrantes en los centros de trabajo, ha funcionado como fue programado.
Esto provocó el incumplimiento del despido de 500.000 trabajadores hasta
abril y que se haya ralentizado el proceso. El programa de
reorganización de la fuerza de trabajo es esencial para incrementar los
bajos niveles de productividad y elevar la disciplina y el orden en los
centros laborales atestados de personal sobrante, a lo que se agrega la
necesidad de disolver entidades innecesarias y burocráticas que
representan una carga insoportable para la economía nacional.

Sin la elevación de la productividad, el orden y la disciplina resulta
imposible aumentar los bajos niveles salariales (equivalentes a menos de
20 dólares, como media mensual), lo cual impide la motivación laboral.
El pago por resultado del trabajo, en principio una medida correcta
implantada en febrero de 2008, tampoco ha funcionado como debía, a causa
de la desorganización e indisciplina laboral imperante, el marco
reducido de decisión de los directores de empresa, la ausencia de reales
normas de trabajo y la falta de aseguramiento de los abastecimientos
para garantizar el flujo productivo.

Los motivos de que las medidas básicas aprobadas por el Gobierno no
hayan funcionado como se requiere residen fundamentalmente en la
inadecuada preparación para que las reformas fluyeran normalmente.
Asimismo, perviven dogmas contra la gestión privada y el papel del
mercado que frenan el normal desenvolvimiento de los tímidos cambios. Un
proceso que se persiste en calificar de actualización de un sistema
probadamente irreparable, cuando en verdad debe ser radicalmente
sustituido para que la economía y la sociedad en su conjunto puedan
avanzar. Además, en la aplicación de las medidas prevalecen concepciones
parciales, carentes de una visión económica integral. En las tierras
entregadas en usufructo, no se trata solo de la limitación de los plazos
por 10 años, los obstáculos para construir viviendas y otras
instalaciones, la carencia de recursos para trabajar y las barreras
burocráticas afrontadas por los usufructuarios, sino también permanece
la camisa de fuerza que impide trabajar libremente y la obligación de
entregar a la organización de acopio, a los precios fijados por ella, la
mayor parte de las cosechas, y en ciertos cultivos el 100 %, mientras
deben pagar a precios exorbitantes los pocos insumos disponibles en las
tiendas estatales.

En estas circunstancias no debe sorprender el continuo descenso de la
producción agrícola, cuyos niveles en ciertos casos, como el café que
recibió tierras en usufructo antes de promulgarse el Decreto-Ley 259,
han descendido escandalosamente, provocando que Cuba de exportadora
tradicional terminara como importadora del grano en una cantidad cercana
a los 50 millones de dólares anuales. El problema reside en que los
campesinos cultivadores del cafeto en las montañas, en zonas inhóspitas,
obtienen precios de acopio que, aunque incrementados últimamente, siguen
sin ser justos y no estimulan la producción. Así el cultivador recibe
como fruto de su labor aproximadamente el 6 % del valor recibido por el
Estado por el café vendido en sus tiendas en divisas.

En cuanto al inicio del trabajo por cuenta propia no fue preparado
adecuadamente, no solo en los municipios como ahora oficialmente es
reconocido. Comenzó sin siquiera un mercado mayorista para garantizar
los insumos, y se ha sobrecargado de impuestos, con la clara intención
de imposibilitar su desarrollo y de que constituyan una especie de
negocios "bonsái", fácilmente manejables por el poderoso Estado. El
insuficiente desempeño del cuentapropismo —solo ha contratado 309.728
trabajadores hasta el cierre de abril— ha obligado a ralentizar el
cronograma de despidos y, con ello, demorar la llegada de los eventuales
beneficios para una economía, que "está al borde del precipicio".

Quizás por este cuadro nada halagüeño, el Gobierno anunció en el Punto
189 de los Lineamientos de la Política Económica y Social, su
disposición a modificar el Decreto-Ley 259 y en el Punto 183 enunció
atender "la posibilidad de que el productor concurra al mercado con sus
propios medios". Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en entrevista publicada por el
periódico Juventud Rebelde el 15 de mayo, apoyó que el usufructo sea
permanente y propiciar que los usufructuarios puedan establecerse en sus
tierras y construir sus casas y otras instalaciones para proteger sus
bienes. Asimismo se mostró favorable a que en caso de fallecimiento de
los usufructuarios, sus hijos tengan derecho a heredar.

Lugo Fonte, además, apoyó que los usufructuarios puedan vender sus
productos directamente y expresó que "si en Cuba existe una producción
privada y diversificada, no puedes tener una comercialización
monopolizada". Sus palabras no pueden ser fortuitas, y corresponden al
reconocimiento por las autoridades de que las limitadas medidas
adoptadas han fracasado y deben ser ampliadas para enfrentar el serio
problema de la carencia de alimentos, agudizado por el sustancial
aumento de los precios en el mercado internacional.

Lo planteado en los Lineamientos y la clarificación adicional del
presidente de la ANAP, aunque un avance, todavía quedan distantes de las
necesidades de la agricultura. Un proceso de privatización de la tierra
sería la solución óptima, pero las medidas que el Gobierno parece
dispuesto a tomar ahora significarían un paso positivo. De todos modos
hay que esperar la concreción de esas ideas y los instrumentos legales
al respecto.

Una situación similar acontece con el trabajo por cuenta propia. La
reunión del Consejo de Ministros del 14 de mayo acordó extender la
autorización de contratar trabajadores a todas las actividades del
sector no estatal y continuar el proceso de flexibilización del trabajo
por cuenta propia. Como se conoce, de las 178 actividades permitidas en
el cuentapropismo, solo 83 tenían permiso para contratar fuerza de
trabajo. Esta medida es correcta pero limitada, pues no elimina el
principal problema para la contratación de fuerza de trabajo, que es la
enorme cantidad de impuestos, crecientes en la medida en que se contrate
mayor personal, evidentemente con la intención de evitar el desarrollo
de los negocios. Es necesario cambiar esa política, pues hoy el objetivo
central de esta modalidad de trabajo es la creación de puestos de
trabajo que empleen a quienes quedarán desocupados en el proceso de
restructuración laboral. Para eso debería reducirse esos y otros
impuestos, llevándolos a niveles racionales, e incluso estudiar la
posibilidad de establecer una moratoria en la contribución obligatoria a
la seguridad social y a algunas actividades que podrían ser importantes
fuentes de empleo. Al mismo tiempo resulta indispensable aumentar los
oficios permitidos y facilitar a los profesionales ejercer privadamente.

El estímulo a la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), en
una primera etapa, al flexibilizar la economía, podría promover el
incremento de puestos de trabajo, riquezas y recursos financieros al
Presupuesto, mediante el pago de impuestos racionales. También la
privatización de pequeños talleres, tiendas y servicios, entregándoseles
a personas o cooperativas, redundaría en una gestión eficiente y
rentable de establecimientos que hoy son fuentes de pérdidas,
ineficiencia, descontrol y corrupción.

Por supuesto, resulta evidente que tienen que abandonarse conceptos
desfasados contra la propiedad privada y establecerse mecanismos de
gestión que tomen en cuenta el mercado en un marco regulado. Hay que
perseverar en la promoción de la eficiencia y la clarificación del
concepto de beneficio social. Está probado que no podrán ser útiles y
beneficiosas a la sociedad empresas estatales subvencionadas, promotoras
de improductividad y alentadoras del ocio y la corrupción. Empresas
privadas, ya sea de gestión individual o cooperativas, que aporten al
presupuesto estatal, realicen buenos servicios y tengan clara tendencia
al progreso, tienen un carácter social indiscutible.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/cuba-actualizando-la-actualizacion-263214