El Gobierno de La Habana anuncia reglas para apertura de negocios
Los cuentrapropistas deberán inscribirlas y pagar cuatro tributos: un
impuesto del 25% al 50% sobre la renta, un 10% sobre ventas o servicios,
un 25% por contratación de empleados y un 25% de cotización a la
seguridad social
Agencias, Madrid | 26/10/2010
El Gobierno de Cuba anunció el lunes controles e impuestos —como el de
renta de hasta el 50%— que regirán los nuevos pequeños negocios
privados, en el plan de recorte de 500.000 empleos estatales, la medida
de mayor impacto de las reformas con que busca levantar la maltrecha
economía cubana.
Las regulaciones fueron publicadas en dos números de la Gaceta Oficial
—también en Internet (www.gacetaoficial.cu)— agotados a primera hora en
estanquillos, echando a andar el proceso de reforma laboral anunciado en
agosto por el presidente Raúl Castro.
El Gobierno autorizó 178 oficios del llamado trabajo "por cuenta propia"
para ampliar el exiguo sector privado, a fin de que absorba a la mayor
parte de 500.000 empleos que eliminará de aquí a marzo de 2011, primera
etapa de un plan para eliminar en cinco años más de un millón de puestos
que sobran en el Estado, el 20% de su fuerza laboral.
La mayoría de esas actividades se realizan ilegalmente —muchas con
tolerancia oficial—, pero los cuentrapropistas deberán inscribirlas y
pagar cuatro tributos: un impuesto del 25% al 50% sobre la renta, un 10%
sobre ventas o servicios, un 25% por contratación de empleados y un 25%
de cotización a la seguridad social, según lo publicado en La Gaceta.
El impuesto sobre la renta se regirá por una escala que parte del 25%
para ingresos de 5.000 pesos cubanos (unos 200 dólares) al año hasta el
50% —uno de los más altos de América Latina— para los superiores a
50.000 pesos (unos 2.000 dólares).
El empleo de mano de obra fuera de la familiar es novedad y se permitirá
en 83 de las 178 actividades, lo que abre vía a la pequeña y mediana
empresa —abolida en 1968 por Fidel Castro—, pero el impuesto que lo
grava se calcula sobre las remuneraciones a cada trabajador —si se
contratan muchos se paga más— para evitar "concentración de riqueza",
según el diario Granma.
Hasta 2009, había registrados en Cuba 143.000 pequeños negocios —con
mano de obra familiar— autorizados en los años 90 para hacer frente a la
crisis económica por la caída de la Unión Soviética, sostén de la Isla
durante tres décadas.
En Cuba, donde rigen el peso cubano y el convertible (CUC, 1 equivalente
a 1,20 dólar), el Gobierno permitirá también a los cubanos alquilar sus
casas en CUC a extranjeros, además de en moneda nacional a los cubanos,
así como rentar espacios para pequeños negocios. Para los arriendos en
moneda fuerte, el impuesto mensual por una vivienda de una habitación
será de 150 CUC —aumentará un 50% por cada cuarto si tiene más—; por el
alquiler de una habitación serán 200 y el de espacios irá de 20 a 100.
Las medidas de Raúl Castro, quien sustituyó en el mando a su hermano
Fidel hace cuatro años, suponen cambios considerables en un país de
economía controlada en el 95% por el Estado, sin cultura impositiva y
donde la iniciativa privada es casi nula.
El Gobierno lleva a cabo una intensa campaña para lograr que los
cubanos, que tienen salud y educación gratuita, alimentación y servicios
subsidiados, aprendan a pagar impuestos, y anunció que aplicará "todo el
peso de la ley", con altas multas, decomisos y confiscaciones, a los que
evadan impuestos o irrespeten normas.
Muchos recibieron las medidas como opción de empleo y de mejorar su
nivel de vida, pues el Estado paga 20 dólares de salario al mes, pero
otros se muestran pesimistas por el peso de los tributos, la falta de un
mercado mayorista de insumos o de materia prima, o excesivos controles.
Economistas cubanos advierten de que la reforma laboral podría disparar
el desempleo si no está acompañada de medidas de estímulo y ayuda a la
iniciativa privada, como créditos —en estudio, pero aún no anunciada por
el Banco Central— o el permiso a los cuentrapropistas de importación de
insumos, ante la incapacidad del Estado de abrir un mercado mayorista.
"Falta acompañar estos cambios con leyes que creen confianza para la
inversión de esfuerzos y dinero en emprendimientos privados",
advirtieron los economistas Pavel Vidal y Omar Everleny Pérez en la
revista católica Espacio Laical.
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