Osmar Laffita Rojas
LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) - La Asamblea Nacional del
Poder Popular no sometió a análisis el resultado del Producto Interno
Bruto (PIB) correspondiente al primer semestre del año, y tampoco dio a
conocer cuál será la proyección de crecimiento al cierre del presente
año. Es una señal de que algo no anda bien. Como de costumbre, en
situaciones críticas cierran puertas y ventanas para que no se filtre nada.
Desde la puesta en vigor del Decreto Ley 259, que autoriza la entrega de
más de un millón y medio de hectáreas de tierra en usufructo, hasta la
fecha, han entregado 900 mil. De ellas, el 50% permanecen ociosas o
insuficientemente explotadas.
Este asunto tampoco ha sido objeto de análisis por el parlamento,
desconociéndose su comportamiento por provincias, las causas del atraso,
las facilidades que se le brindan a los nuevos usufructuarios y qué
mecanismos se están aplicando para las ventas de sus cosechas. Todas
estas interrogantes están cubiertas por una espesa nube de silencio.
En enero, Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), informó que de los 166 municipios del
país, en 89 se distribuían la leche fresca en 6 mil bodegas que, con
excepción de Ciudad de La Habana, representan el 56% de las existentes
en Cuba. La reciben niños menores de 6 años y con dietas médicas. De
esos 89 municipios, 66 son totalmente autosuficientes en la entrega de
leche. Al cierre del año 2009, los cooperativistas y campesinos
vendieron al Estado 290 millones de litros de leche; de esa cifra, se
destinaron 145 millones a la venta directa en las bodegas.
Llama la atención que un asunto tan sensible, sea pasado por alto por
nuestros parlamentarios, máxime si tenemos en cuenta que las arcas del
gobierno están bastante deprimidas y no será fácil destinar cientos de
millones de dólares para comprar 35 mil toneladas de leche polvo este año.
Trascurrida más de las dos terceras partes del año, se desconoce cómo se
comportan estas actividades; es decir, el asunto, que toca directamente
a la población, es silenciado.
Como resultado de las trabas burocráticas impuestas a la deprimida
producción agrícola, ésta cayó un 13% en los primeros 5 meses del año.
Pero nadie se ha atrevido a informar sobre las causas del descenso. La
omnipresente planificación sólo es tema de conversación entre burócratas.
Mientras, llueven las críticas de los productores a los mecanismos que
obstaculizan el despliegue de las potencialidades productivas en la
agricultura, y se destinan ciento de millones de dólares a la compra de
alimentos en el exterior.
Los productores siembran, cumplen y sobre cumplen, pero después de las
cosechas tienen que esperar cinco o más días para que el Estado se las
compre. Ante la demora, las empresas de acopio alegan que no tienen
transporte para recoger las cosechas, pero a los productores les está
prohibido comercializarlas directamente, o sea, deben esperar por el
Estado aunque se pierda el fruto de su trabajo.
Los ministerios de Agricultura y Comercio Interior, rectores de la
actividad agrícola, no cumplen con los planes de contratación, hay
serias carencias de insumos de todo tipo, cada día hay menos envases
para acopiar los frutos, Acopio manipula los precios acordados y los
pagos a los campesinos nunca llegan, al parecer atrapados en los
infernales mecanismos de "la última firma". Ya los campesinos se han
habituado a esperar meses para recibir un pago.
Los campesinos están hartos de escuchar la misma excusa que ya se saben
de memoria: "Estas inquietudes son conocidas por el gobierno, se
estudian posibles soluciones y variantes", pero las "soluciones y
variantes" no aparecen.
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