El problema de fondo

Agricultura
El problema de fondo

No se entienden las vicisitudes en torno a la distribución de tierras en
usufructo, mientras el país sigue importando el 80% de los alimentos.

Oscar Espinosa Chepe, La Habana | 13/04/2009

En un artículo titulado "La necesidad no tiene ciclo corto", publicado
en el diario oficial Juventud Rebelde recientemente, se informa sobre el
estado de la aplicación del Decreto-Ley 259 y el Decreto 282 que
autorizaron el año pasado la entrega de tierra en usufructo a personas
jurídicas o naturales. Se han solicitado hasta la fecha 560.751
hectáreas y cerca de 56.000 personas ya poseen la tierra solicitada,
según la fuente.

Asimismo, se señala que de lo entregado, más del 60% se encontraba
infectado de marabú o malezas, y una cantidad superior al 80% de los
beneficiados no poseían anteriormente ningún terreno, sólo el 16,7%
amplían sus tierras.

En Cuba, según el Anuario Estadístico de 2007, último disponible, la
superficie agrícola es de 6,6 miles de millones de hectáreas, de las
cuales se reconocen 1,2 miles de millones ociosas, aunque parte
considerable de los 2,4 miles de millones del área clasificada como
pastos naturales también está sin explotar y cubierta de malezas.

En adición, de los alrededor de 3,0 miles de millones de la supuesta
superficie cultivada, un por ciento considerable está insuficientemente
atendido, por lo cual puede afirmarse que las tierras asignadas hasta el
momento en usufructo no representan un porcentaje significativo de las
tierras con posibilidades de entrega, por estar total o parcialmente
baldías.

Al mismo tiempo, los nuevos agricultores afrontan serias dificultades
para poner en producción las tierras recibidas. En especial carecen de
recursos y créditos y, en muchos casos, de conocimientos para atender
las áreas recibidas en pésimas condiciones, con marabú arraigado durante
decenios y, por consecuencia, con sistemas radiculares muy extendidos
que tienen que desenterrarse. Por tanto, deben procurar hachas y
machetes prestados, y carecen hasta de alambre para cercar y proteger
sus cultivos y bienes.

El artículo señala, además, el preocupante problema de que no se ha
aclarado la posibilidad de construir en las tierras entregadas, "aunque
sea una pequeña casita para guardar los utensilios, las semillas;
guarecerse cuando llueve y, sobre todo, quedarse a cuidar los sembrados
en tiempos de cosecha".

Con las dificultades de carencias materiales, créditos y sin
autorización para construir, es muy difícil que muchos propietarios,
particularmente quienes no poseían ningún terreno antes, puedan mantener
estas explotaciones. Máxime cuando la legislación para las entregas de
tierras posee muchas cláusulas por las cuales en cualquier momento se
puede perder el usufructo. Además de tener un término de diez años para
las personas naturales, que pudiera prorrogarse, aunque sin obligación
del Estado a hacerlo, lo cual crea un ambiente de inseguridad para los
nuevos agricultores.

Por un cambio radical

El procedimiento implantado por el gobierno traerá ciertos beneficios.
En particular, serán mejor aprovechadas las tierras entregadas a los
agricultores ya establecidos, quienes a pesar de muchas dificultades y
temores, durante años han sido los productores más eficientes.

Con alrededor del 18% de la tierra cultivable del país, han alcanzado
más del 60% de la producción agropecuaria nacional. Pero las mejorías
obtenibles con el Decreto-Ley 259 no resolverán el gravísimo problema de
suministro de alimentos a la población, ni disminuirán sensiblemente las
enormes importaciones, fundamentalmente de Estados Unidos.

Resulta indispensable un cambio radical de la política agraria. Es un
ejemplo evidente de la necesidad urgente de introducir "reformas
estructurales y de conceptos", como hace casi dos años planteó Raúl
Castro. Está fuera de discusión que los recursos y créditos serían mejor
utilizados, si se facilitaran a quien mejor los ha utilizado
históricamente: el campesino privado. La agricultura es una labor muy
dura y quienes se dedican a ella tienen que tenerle amor, además de la
posibilidad de recibir ingresos equivalentes a sus esfuerzos.

Quizás los nuevos decretos sobre la entrega de la tierra en usufructo
podrían representar un puente para hacer lo necesario: entregar la
tierra en propiedad. Con el usufructo posiblemente se detectarán las
personas realmente interesadas en labrar y cuidar la tierra. Y, como
justo reconocimiento, luego dársela en propiedad a través de fórmulas
adecuadas, en dependencia de las características de los terrenos, como
podría ser el pago del suelo mediante la entrega de productos.

Por otra parte, hay que entender que la agricultura es un sistema, y que
no se resuelven los problemas únicamente con producir. Además hay que
establecer mecanismos racionales de acopio y distribución de los
productos, con personas motivadas e interesadas en trabajar; organizadas
sin dogmas y con la mayor flexibilidad posible, a fin de que los
productores puedan dedicarse plenamente a su función de producir y no
tengan que fungir como intermediarios ni monteadores de recursos, como
sucede actualmente.

Posiblemente algunos "expertos" dirán que en estos tiempos de crisis no
existen recursos financieros para adquirir los abastecimientos,
incluidos herramientas elementales, ropa y zapatos, ni para organizar
eficientes sistemas de acopio; pero habría que señalar que sí existe
dinero para importar 2,5 miles de millones de dólares anuales de
alimentos, que en su inmensa mayoría son obtenibles en Cuba. Esto
representa una absurda paradoja.

Todo el proceso debe estar libre de intervenciones políticas y de
necesidad de avales, para que los hombres que quieran trabajar tengan
acceso real a la tierra. Los avales requeridos deberían ser la honradez,
el cuidado de la tierra y la laboriosidad, para rendir beneficios a la
familia y la sociedad. La burocracia durante 50 años sólo ha dejado en
Cuba la destrucción de la agricultura y el campesinado.

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