Restricciones en Miami, represión en Cuba
ALEJANDRO ARMENGOL
Durante la reciente audiencia en el Congreso, para valorar la
conveniencia de levantar las restricciones a los viajes y la ayuda a
Cuba, salió a relucir de nuevo el argumento de que estas medidas fueron
la respuesta de este país a la ola represiva del 2003, cuando fueron
encarcelados 75 disidentes y se fusilaron a tres cubanos que habían
secuestrado una lancha.
Las fechas, sin embargo, no apoyan esta afirmación. El 29 de abril del
2003, tras ocurrir los hechos represivos mencionados, el entonces
secretario de Estado, Colin Powell, declaró la intención de revisar la
política hacia la isla, pero sin precisar cuándo se efectuaría esa
revisión y sin especificar si sería precedida por un cambio de política.
La respuesta a lo que motivó las restricciones a las remesas y los
viajes familiares hay buscarla en otra parte. Estas no fueron impuestas
en el 2003, cuando se produjeron los hechos, sino el siguiente año. La
diferencia radicó en que el 2003 no fue un año electoral y el 2004 sí.
La intención nunca fue llevar la libertad a Cuba. Se trató simplemente
de ganar votos. Si determinados legisladores y grupos de opinión de la
llamada ''línea dura'' del exilio no hubieran amenazado con retirar su
apoyo a la campaña de reelección de Bush, nada hubiera cambiado.
Son ellos los verdaderos culpables de que tantos en Miami estén ahora
impedidos de ver a sus padres, hijos y hermanos en un momento difícil.
Bush y sus asesores escogieron a un grupo de votantes, los mismos que
ahora se declaran a favor del senador John McCain. Son los únicos que
les interesan a ese establishment de legisladores y funcionarios
republicanos que intentan frenéticamente mantenerse en el poder, para
cerrarle la puerta a cualquier cambio.
Las restricciones a remesas y viajes no respondieron a un clamor de la
comunidad cubana de Miami, tampoco a un deseo de todo el sector del
exilio que tradicionalmente se cataloga de ''histórico''. Exiliados
moderados, muchos de ellos miembros del Partido Republicano, habían
dejado claro que una restricción a los viajes y remesas dañaba al pueblo
cubano.
Washington no debía responder a la reciente ola represiva en Cuba con la
suspensión de las remesas de dinero y los viajes familiares, sino
implementando medidas razonables que fortalezcan la incipiente sociedad
civil en la isla, indicaba un informe realizado por un grupo de
prominentes empresarios y líderes cívicos de Miami, de acuerdo a una
información aparecida en este periódico el 26 de abril del 2003.
En un informe de recomendaciones titulado Una respuesta constructiva de
la política estadounidense a la represión en Cuba, el Grupo de Estudios
sobre Cuba (Cuban Study Group) sugirió que las iniciativas de Washington
debían sustentarse sobre ''el pragmatismo y la efectividad'' con
objetivos a largo plazo, y ``no enviar la respuesta que [el gobernante
Fidel] Castro estaba esperando''.
La aparente falta de iniciativa de la Casa Blanca, que se extendió por
más de un año, obedeció a que mientras el mandatario contaba con pocas
alternativas de peso para satisfacer a los exiliados más radicales --ya
que estaba descartada una internacionalización del embargo, por falta
del apoyo de otras naciones y una acción militar, al no ser éste un
asunto de seguridad nacional y esta nación no haber sido agredida--,
temía que el disgusto de estos votantes se tradujera en un rechazo en
las urnas.
Desde la llegada al poder, Bush se había limitado a continuar la
política del ex presidente Bill Clinton hacia Cuba. Año tras año se
habían ido incrementado las ventas de alimentos a La Habana, para
beneficio de los granjeros norteamericanos, se habían seguido
devolviendo a los balseros y aplazado la puesta en práctica del Capítulo
III de la Ley Helms-Burton.
En mayo del 2003, algunos legisladores republicanos hicieron saber su
disgusto con la administración. La congresista Ileana Ros-Lehtinen
exhortó al Presidente a poner en práctica las promesas realizadas por
esa fecha el año anterior en Miami. Lincoln Díaz-Balart también hizo un
llamado a Bush.
El disgusto se convirtió en algo cercano a una rebelión tras la
repatriación de un grupo de secuestradores, interceptados por los
guardacostas norteamericanos, que en la isla fueron condenados a penas
entre siete y diez años de prisión.
La crítica más fuerte vino, sin embargo, de un grupo de legisladores
estatales y políticos de la Florida, que el 12 de agosto del 2003
urgieron al presidente Bush a que actuara respecto al tema de Cuba, o de
lo contrario se arriesgaba a perder su apoyo para las elecciones del
2004. Se consideraba que el voto cubanoamericano era clave en esas
elecciones. Entonces la Florida contaba con 9.3 millones de votantes
registrados, de los cuales 450,000 eran cubanoamericanos. Bush había
recibido el apoyo del 80 por ciento de estos votantes en el 2000. De
acuerdo a los estimados de aquel momento, recibir sólo el 60 por ciento
de estos votos este año podría resultar en una victoria de su oponente
demócrata, John Kerry, en este estado, y posiblemente también en las
elecciones presidenciales.
Al final, terminaron imponiéndose las opiniones de los miembros del
Consejo por la Libertad de Cuba, de los legisladores cubanoamericanos y
los funcionarios del mismo origen en el gabinete de Bush. La Casa Blanca
adoptó la solución más fácil: favorecer la retórica y perjudicar a los
infelices. Las reducciones en los viajes y remesas no han servido para
limitar el poder de quienes gobiernan en La Habana, y mucho menos ha
amenazado la permanencia del régimen, al tiempo que han perjudicado y
causado dolor en muchos cubanos de ambas orillas. Un simple instrumento
electoral de poco valor, que incluso le sirvió a Bush en una medida muy
limitada, ya que en las pasadas elecciones perdió el condado Miami-Dade,
sólo se mantiene para satisfacer los criterios de quienes tienen
secuestrada la política hacia Cuba.
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