LUDMILA VINOGRADOFF
CORRESPONSAL
BOGOTÁ. Los venezolanos que critican y disienten del régimen deberán
afrontar hasta 6 años de cárcel si se les aplica la Ley del Sistema
Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que acaba de promulgar el
presidente Hugo Chávez, por no «cooperar» con la policía secreta. La
polémica ley-decreto que lanzó esta semana obliga a toda persona,
empresa u organización no gubernamental a colaborar y mantener la
«confidencialidad o secreto» de la información o datos requeridos sin
previa orden judicial ni participación fiscal. Y si se opone, se estaría
«atentando contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la
nación», lo cual podría ser castigado con una pena de 2 a 4 años de
prisión en el caso de particulares, y de 4 a 6 años para los
funcionarios públicos.
El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que
el nuevo sistema de inteligencia y contrainteligencia sustituye a la
Disip, policía política, y a la DIM, División de Inteligencia Militar.
«Las nuevas serán organizaciones secretas de verdad». Entre sus
funciones mencionó la de «identificar, prevenir y neutralizar toda
actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda
atentar contra el orden constitucional y las instituciones democráticas».
Chávez acusó al «imperio» de atacarlo: «Ya los grandes medios comenzaron
a atacar esta ley, tratando de confundir y señalando que es una ley
represiva, que va contra el pueblo y los periodistas».
Para la presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San
Miguel, la nueva ley «te obliga a volverte sapo (delator) en términos
compulsivos», y se refiere a los que han tenido que delatar hasta a sus
familiares en los regímenes dictatoriales. Advierte que el Gobierno
busca silenciar a los periodistas críticos, políticos y activistas de
los derechos humanos. «Intentan aplicar un patrón similar al G-2 y a los
Comités de Defensa de la Revolución que existen en Cuba como el
espionaje social».
Gestapo, KGB o Pinochet
Para el diario «El Nacional», se trata de copiar a la Gestapo alemana,
pero otros la comparan con la KGB, la policía secreta soviética, la de
Pinochet o la de Videla en el Cono Sur. «Nos deja estupefactos que se
recaben las pruebas sin control judicial ni participación fiscal»,
admite el jurista Juan Martín Echeverría. En su opinión, el texto es
inconstitucional y «la indefensión absoluta frente al poderoso régimen».
El general retirado Francisco Usón señala que «se castiga no sólo a la
persona que reveló el dato, sino a todo aquel que tenga conocimiento de
ella. Equivale a la ley mordaza pero para la ciudadanía en general».
Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, señala que el Gobierno
«intenta establecer el Estado policial, donde nos estamos vigilando unos
a otros en aras de un concepto de seguridad de la nación que no está
definido». Y advierte que se ha creado en el país «una inseguridad
jurídica tremenda, donde todos somos sospechosos y objeto de vigilancia».
Las autoridades que consideren como confidencial o secreta las
informaciones que publican periodistas y políticos pueden aplicarles
«sanciones y responsabilidades civiles, penales y administrativas».
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