Las autoridades dicen que con ello cumplen las medidas de
'enfrentamiento a las ilegalidades de la vivienda'.
Agustín Herrero, Holguín
martes 5 de febrero de 2008 11:44:00
Más de 2.000 personas están amenazadas en Holguín con perder sus casas
ante la posibilidad de que se les aplique la llamada Ley de
Enfrentamiento a las Ilegalidades de la Vivienda.
Para "restablecer el orden", órganos represivos y la máxima dirección
del Partido Comunista (PCC) en la provincia utilizan a "miembros de los
Consejos de Dirección de varias empresas y a un grupo de
revolucionarios" y dejan en situación de incertidumbre a alrededor de
700 familias que viven bajo el estatus de "ilegales en su propio país",
dijo un afectado.
Según publicaron medios de prensa independientes, Maricel Pérez, una
amenazada de desalojo, denunció a miembros de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que directivos de
la Dirección Municipal de la Vivienda, los órganos de la Seguridad del
Estado, la Policía y el PCC se presentaron en la comunidad de El Valle
de Mayabe, manifestaron a sus habitantes que si no desistían de
permanecer en esa área serían "extraídos", y dejaron claro que no existe
en el gobierno intención de dialogar con quienes han ocupado terrenos
ociosos para construir sus casas.
En una campaña creada para desprestigiar a los habitantes de esas
comunidades de la periferia de Holguín, el semanario oficialista ¡Ahora!
publicó el pasado sábado un artículo titulado "Sin lugar para
ilegalidades", donde se intentó desmentir la acción de desalojo violento
practicada en días recientes contra los habitantes de la comunidad de El
Pití.
"No se usó la fuerza ni medios técnicos como algunos, con marcada mala
intención, propalan, sino el convencimiento y la correcta actuación,
todo con el mayor sentido de respeto hacia esas personas", dijo el
semanario.
La prensa miente una vez más sobre el accionar del primer secretario del
Partido en la provincia, Miguel Diaz-Canel, quien ha emprendido una
verdadera cruzada contra los más de 40 asentamientos que han surgido en
los últimos diez años en la periferia de la ciudad de Holguín.
"Sí hubo violencia y sí hubo arbitrariedad por parte de la policía y los
'civiles' que desalojaron la comunidad" de El Pití, declaró una fuente
que pidió mantenerse en el anonimato. "Ante cualquier indicio de
cuestionamiento o de inconformidad practicaron la fuerza, y el bulldozer
y el tractor que lo demolieron todo creo que pueden considerarse 'medios
técnicos', a no ser que también eso haya cambiado de nombre", agregó.
Informaciones recibidas por una fuente del Hospital Provincial Lenin
dieron cuenta de que el personal médico fue instruido, por parte de
oficiales de la Seguridad del Estado, de no asentar en el registro los
nombres de los heridos durante el desalojo, que fueron trasladados hasta
el cuerpo de guardia ni entregarles certificados médicos para que no
quedara documentación de las lesiones.
Por otro lado, se conoció que una agredida, llamada Lourdes, fue llevada
a otro hospital de la ciudad y se desconoce su paradero. El caso de esta
mujer exacerbó los ánimos entre los pocos testigos que tuvieron acceso
al lugar del desalojo, ya que la misma incendió su casa al ver que se la
iban a demoler y, ante la agresión policial, tomó en defensa propia un
cuchillo y recibió heridas en su brazo izquierdo por parte de un uniformado.
En el artículo publicado el sábado, el semanario oficialista culpó a las
personas que han construido estos "asentamientos ilegales" de las
deficiencias que el gobierno no ha sido capaz corregir. "Hay repartos
que aún no cuentan con todos los servicios que exige la modernidad y
cuyo futuro crecimiento entorpecen muchos de esos barrios insalubres",
dijo la publicación.
No obstante, el gobierno ha reconocido que los últimos 20 años han sido
desastrosos para el desarrollo de Holguín. Muchos asentamientos
planificados, diseñados y ejecutados por el gobierno desde los años
sesenta aún no cuentan con acueducto y alcantarillado, y en no pocos las
casas tienen los pozos de agua al lado de las fosas donde se almacenan
los excrementos y las aguas albañales.
El mismo artículo de ¡Ahora! incluye el dato de que "sólo el 24 por
ciento de la población de la ciudad, la ubicada en Centro Norte y Sur,
está completamente servida".
Como parte de la campaña de descrédito hacia los "desalojables" los
responsables del gobierno local los definen como "antisociales" que
viven en "chozas" y "favelas", aunque en su mayoría son familias jóvenes
que no tienen a dónde ir y que trabajan.
Recientes denuncias de varios afectados dan cuenta de que recibieron
amenazas de desalojo para las próximas jornadas si no se retiran de esas
áreas, ante lo cual en muchos de estos barrios se preparan para defender
sus casas "al precio que sea necesario", parafraseando uno de los lemas
revolucionarios.
"En el periódico (¡Ahora!) salió Diaz-Canel con una antorcha encendida,
así mismo lo estaremos esperando", declaró un padre de familia al
referirse a la portada del semanario, donde aparece el funcionario local
en una fotografía a toda página mientras participaba en la Marcha de las
Antorchas, convocada por el gobierno el pasado 28 de enero en el
aniversario del natalicio de José Martí.
No comments:
Post a Comment