Lucas Garve, Fundación por la Libertad de Expresión
LA HABANA, Cuba, diciembre (www.cubanet.org) - ETECSA es la sigla de la
empresa de teléfonos cubana. Además, SA significaría sociedad anónima,
pero aquí todos saben que es el estado cubano quien ordena y dispone.
A pesar de la introducción de nuevas tecnologías digitales y la
ampliación de capacidades de instalación de teléfonos, la demanda no se
cubre por otras causas. Entre ellas, la principal, es que las
solicitudes de instalación las deciden personas ajenas a la empresa y a
sus objetivos comerciales. Son miembros ejecutivos de los Comités de
Defensa de la Revolución quienes otorgan la posibilidad de instalación
del servicio a los solicitantes.
El lector se preguntará que tiene que ver un vecino con la aprobación de
un hecho comercial como el de instalarle un servicio tan común y
necesario: el de un teléfono. Sencillamente, así lo dispusieron las
autoridades máximas del país con el objetivo de que se adjudicara el
servicio a aquellos que sean simpatizantes comprobados del régimen y que
necesiten la comunicación por razones de trabajo.
Lo mismo ha ocurrido en otros eventos, de manera que, movidos por las
buenas voluntades gubernamentales, el asunto de los teléfonos se ha
convertido en una mina de oro para unos y para otros en plato para
servirse la dulce venganza contra el prójimo.
Algo de esto y mucho más aconteció en la zona dónde vivo. Las listas de
las personas aprobadas para obtener el servicio fueron alteradas según
la conveniencia de los jefazos inmediatos. Las asignaciones de teléfonos
en cada cuadra sufrieron cambios de nombres varias veces antes de ser
conocidas, y personas que gozaban de prioridad por su trabajo fueron
relegadas por intereses personales de quienes decidieron cuales
solicitudes serían aprobadas y cuales no.
Más claro ni el agua el mensaje del gobierno a la población: para tener
un teléfono en su casa, primero tiene que ser comunista o aparentar
serlo, como resulta en muchos casos, después no importa que trabaje o no
y aporte con su labor algo a la sociedad, si no le cae bien al del
Comité de Defensa de la Revolución, no tendrá oportunidad, como fue el
caso de una trabajadora civil de las FAR que no le instalaron el
teléfono porque el del Comité de su cuadra se opuso.
Sin embargo, si paga 160 pesos en moneda convertible, podrá obtener el
servicio de telefonía celular. La dificultad reside en encontrar la
persona adecuada que facilite la gestión por el precio anteriormente
mencionado. Luego, pagará el servicio en divisa. En las calles, usted se
encontrará con muchas personas, incluso jóvenes con su celular en la
mano. ¿Cuántos médicos tienen ese servicio a su alcance, cuántos
maestros, profesores, profesionales en general, pueden darse el lujo de
tener un teléfono celular, que en cualquier parte del mundo es tan
común? Sin contar que en el país existen las posibilidades y condiciones
tecnológicas para ampliar el servicio al máximo.
¿Quién nos bloquea entonces? La respuesta, sin duda la tiene el lector,
si ha leído hasta aquí o ha vivido como yo y once millones más en la
isla de las buenas voluntades.
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