Por Patricia Grogg / IPS
20 de septiembre de 2007
La Habana -- Tribunales militares cubanos que juzgaron en las últimas
semanas casos graves de asesinato y secuestro optaron por sentencias de
cadena perpetua y de 30 años de prisión a cambio de la pena de muerte,
condena que no se aplica en este país desde hace más de cuatro años.
Esa moratoria "de hecho" deja a este país en una postura más flexible
frente al tema, que se prevé forme parte de la agenda del 62 período de
sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), inaugurado el martes.
Según informes de Amnistía Internacional, el Consejo de Ministros de la
Unión Europea (UE) decidió en junio presentar una resolución en la que
se presume pedirá la suspensión global de las ejecuciones, como un paso
hacia la abolición de la pena capital en todo el mundo. "La moratoria de
facto es una buena noticia", consideró a IPS Elizardo Sánchez, de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN),
una organización sin reconocimiento legal en el país que informa
regularmente sobre estos casos, basándose generalmente en testimonios
familiares.
Un reporte que lleva la firma de Sánchez señaló este miércoles que el
juicio contra los reclutas que a fines de abril desertaron armados de su
unidad e intentaron luego secuestrar un avión, para emigrar a Estados
Unidos, concluyó con dos sentencias de cadena perpetua y penas de 30, 25
y 15 años de cárcel.
La CCDHRN precisó que las condenas fueron entregadas a los sancionados y
sus representantes la semana pasada, aunque el juicio tuvo lugar entre
el 24 y 26 de agosto ultimo.
Según este informe, el Tribunal Militar de Occidente, con sede en La
Habana, sentenció a prisión de por vida a los sargentos Yoán Torres
Martínez, de 21 años de edad, y a Leandro Cerezo Sirut, de 20 años.
El sargento Karel de Miranda Rubio, de 19 años, recibió una pena de 30
años de cárcel, mientras que al cabo Alaín Forbus Lamerú, de 20 años, le
correspondió la condena de 25 años de prisión y al civil Ridel Lescaylle
Véloz, de 31 años, la de 15 años.
"La CCDHRN considera como algo positivo que no se aplicara la pena de
muerte por fusilamiento al sargento Yoán Torres Martínez, el único de
los militares que tenía 21 años de edad, límite mínimo para aplicar
dicha condena en Cuba", señaló Sánchez en su nota informativa entregada
a medios extranjeros de prensa.
El reporte no especificó los cargos imputados por el tribunal a cada
sentenciado, aunque admitió que "fueron condenados por los hechos que
culminaron con un sangriento y frustrado intento de secuestro de un
avión comercial en el aeropuerto de La Habana, el pasado 3 de mayo".
Una información oficial de ese día sobre este caso indicó que tres
soldados del Servicio Militar Activo, que no identificó, habían huido
armados de una unidad castrense el 29 de abril, luego de dar muerte al
también recluta Yoendris Gutiérrez y de herir a otro "combatiente" cuyo
nombre tampoco se divulgó.
Sin embargo, la policía había hecho circular, luego de la deserción, las
fotografías, con sus nombres al pie, de Torres, Forbes y Cerezo.
De los tres fugados, uno fue arrestado y "reveló que el propósito era
abandonar el país de forma ilegal". Los otros dos secuestraron un
ómnibus de transporte urbano con varios pasajeros e irrumpieron en la
terminal de vuelos nacionales del aeropuerto internacional de La Habana,
señaló entonces en una nota informativa el Ministerio del Interior.
En la terminal aérea, "los asesinos dieron muerte con cuatro disparos a
uno de los rehenes, el teniente coronel de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), Víctor Ibo Acuña Velásquez, quien opuso
resistencia pese a estar desarmado", señaló ese comunicado, que no
mencionó la participación de un civil en los hechos.
En un juicio similar, realizado en junio en Santiago de Cuba, 847
kilómetros al este de La Habana, un tribunal condenó a cadena perpetua a
un soldado y un civil, al tiempo que aplicó penas de 30 años de prisión
a otros dos militares, dijo Sánchez, quien aseguró conocer el caso por
fuentes familiares.
Según el dirigente opositor y activista de los derechos humanos, los
enjuiciados pertenecían a la guarnición penal El Manguito, de esa ciudad
oriental y se insubordinaron el 20 de diciembre pasado, dando muerte a
dos oficiales del Ministerio del Interior. Se carece de información
oficial sobre estos hechos ocurridos, según Sánchez, en diciembre de 2006.
En su opinión, en ambos casos los reclutas estaban expuestos
"técnicamente" a la sanción máxima y las sentencias demuestran que "la
moratoria de facto" iniciada al finalizar el primer trimestre de 2003,
"en cuanto a la reanudación de los fusilamientos, continúa en vigor
hasta el presente".
En abril de ese año, 11 personas armadas retuvieron una lancha repleta
de pasajeros con intenciones de desviarla hacia Estados Unidos. El
tribunal que enjuició al grupo dictó pena de muerte para tres de los
acusados, a los que se señaló como los "principales, más activos y
brutales jefes de los secuestradores".
Ese hecho formó parte de una ola de secuestros de medios de transporte,
entre aviones y embarcaciones martinas, para ser desviados hacia Estados
Unidos, en lo que el gobierno cubano denunció como un "plan siniestro de
provocaciones" tramado en ese país norteamericano. En ese sentido, La
Habana defiende la pena capital como un arma jurídica para la defensa
del país, tanto de agresiones externas, como de posibles actividades
internas encaminadas a destruir el Estado y para proteger a la población
de los crímenes más execrables.
En una nota verbal enviada a la ONU en 2004, la cancillería cubana
señaló que "la posible abolición de la pena de muerte en el país estaría
vinculada al cese de la política de hostilidad, terrorismo y guerra
económica, comercial y financiera a la que es sometida su pueblo desde
hace más de 40 años por parte de Estados Unidos".
Ese tema también figura en la agenda de la próxima Asamblea General del
máximo foro internacional, que también votará por décimo sexta ocasión
un proyecto de resolución cubano en contra del embargo estadounidense,
el cual, según estimados de esta isla le ha causado perjuicios directos
por 89.000 millones de dólares desde 1962 a la fecha.
Felipe Pérez Roque, anunció el martes que en el transcurso de las
sesiones de la ONU mantendrá un "encuentro exploratorio" con la troika
de la Unión Europea (UE), encabezada por Portugal, aunque se desconoce
si la iniciativa del bloque comunitario respecto de la pena de muerte
figurará entre los asuntos a tratar.
En Cuba, la pena de muerte no puede imponerse a menores de 20 años, ni a
las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo están al
momento de dictarse la sentencia. Más allá de lo dispuesto legalmente,
esa sentencia no se ha aplicado a mujer alguna desde el 1 de enero de 1959..
Según datos de Aministía Internacional, el único país del continente
americano que ha llevado a cabo ejecuciones desde 2003 es Estados
Unidos. En 2006, el 91 por ciento de todas las penas de muerte de que se
tuvo noticia se aplicaron en China, Estados Unidos, Iraq, Irán, Pakistán
y Sudán, indica el mismo informe.
http://www.bitacoracubana.com/desdecuba/portada2.php?id=5473
No comments:
Post a Comment