La guerra secreta del castrismo contra la clase media

Publicado el jueves 30 de agosto del 2007

La guerra secreta del castrismo contra la clase media
SOREN TRIFF

El Decreto-Ley 251/07 que entra en vigor en unos días en Cuba castiga la
conducta corrupta de ''cuadros, dirigentes y funcionarios'' del régimen.
Sin embargo, el decreto prueba que la ''familia'' castrista utiliza a
profesionales, técnicos, militares, científicos, artistas e
intelectuales pero al mismo tiempo les teme y los percibe como enemigos
de clase.

El decreto además protege a los altos jefes de las redes delictivas.
Según el texto, está sujeto a castigo el ''superior jerárquico
inmediato'' de los violadores e infractores de la ley, es decir, la
cadena de responsabilidad por el delito terminaría con el supervisor, no
con el alto jefe para quien trabaja el supervisor. Las recientes
resoluciones laborales 187 y 188 del Ministerio del Trabajo atacan a la
clase trabajadora, mientras que este nuevo decreto extiende la agresión
contra la clase media. La ''familia'' de Castro sigue viviendo por
encima de la ley.

''Desde que la dirigencia revolucionaria llegó al poder en 1959, manejó
los recursos del Estado en forma patrimonial'', afirma Ricardo A. Puerta
en un libro ya clásico sobre la corrupción titulado Corrupción en Cuba y
cómo combatirla. El régimen mantuvo el monopolio sobre los recursos del
pueblo y la ilusión de igualdad social mediante el terror sobre toda la
población, la movilización masiva permanente, la eliminación de la clase
media que la estabilidad del régimen creaba y el sometimiento del país a
una rígida economía de subsistencia (mal llamada centralización).

En 1989 este sistema se fracturó y la consecuencia más grave fue que la
población recuperó la aspiración a mejorar su vida personal, y comenzó a
imitar a los miembros de la clase dirigente, en especial desde que el
régimen se vio forzado a ser flexible con la economía de subsistencia
entre 1993 y 1996 y cobró fuerza la economía de resistencia o
sociolismo, como la llama Puerta. Es por estas fechas que Carlos Lage
presentó tímidamente la corrupción como peligro político.

El régimen considera la corrupción como prácticas ''capitalistas'' y
''actos aislados'', pero esto contradice la creación del Ministerio de
Auditoría y Control, en el 2001. Desde ese año se publican regularmente
casos de corrupción. En el 2005, Fidel Castro vinculó abiertamente la
corrupción con la política e incluso con la seguridad nacional. Castro
mismo abrió la puerta a que se consideren enemigos políticos quienes
compiten por el mercado interno incipiente, principalmente en la figura
del funcionario que por la mañana apuntala la economía estatal y luego
usa su influencia para impulsar una economía paralela de resistencia
(corrupción menor, que crea y distribuye la riqueza) que compite
exitosamente con las empresas del estado que la familia utiliza como
propiedad privada (corrupción mayor, que sólo sostiene a la familia y no
distribuye la riqueza).

El régimen puede agudizar el conflicto civil y crear una crisis
artificial para llevar a Cuba a una economía de subsistencia (como hace
Zimbabwe) y/o acusar de corrupción a sus nuevos enemigos políticos. Por
eso la comunidad internacional debe rechazar cualquier medida que limite
la libertad económica de los cubanos y considerar a las personas
condenadas por las resoluciones y el decreto como individuos castigados
por delitos políticos y proteger su derecho a disentir de la política
económica del régimen, en especial mientras el régimen carezca de
transparencia y frene el desarrollo de las fuerzas productivas del país.

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/columnas_de_opinion/story/84544.html