2006-12-24
Por Roberto Simeón.
II. De la diáspora a la unidad nacional
Se ha iniciado un proceso de cambio en Nuestra América, tan sustancial
como el que se inició a principios del siglo XIX y que nos ofreció las
amargas experiencias de la desintegración.
Hoy nuestros pueblos comprenden que, al objeto de lograr su realización
cultural, su soberanía política y económica, y para estar en condiciones
de enfrentarse a la globalización liberal que puja por imponerse en el
mundo, hemos de trabajar todos en conjunto por el logro de la
integración política y económica. Y por supuesto, Cuba no puede estar
ausente. Ayer y hoy continúa siendo el Antemural de Las Indias.
Este proyecto de Nuestra América ha de expresarse en variantes
determinadas en su espacio-tiempo-histórico y fundamentadas en los
principios del pleno respeto a la persona humana para su realización, lo
cual sólo es lograble en un régimen de libertad plena.
Con el fin de alcanzar la plena libertad del hombre, para determinar
su destino, podemos llegar al consenso necesario que nos permita la
realización sin formulas únicas del empeño integracionista.
Los partidos políticos
Rechazamos toda propuesta de partido único porque castra todo proceso
revolucionario. Con la misma energía rechazamos lo que hoy llaman
partidocracia, el régimen de partidos políticos que por la naturaleza de
las estructuras políticas dominantes se convierten en manipuladores de
la población al servicio de las clases dominantes.
Lo expresado en modo alguno pretende prohibir la existencia de partidos
cuando actúan conforme a los objetivos programáticos y filosóficos que
los sustentan y tienen la adecuada representatividad. Pero no han de
ser instrumentos electorales con derecho único a proponer candidatos a
los cargos electivos que la sociedad establezca.
En Nuestra América en los tiempos modernos a nadie en su sano juicio
pudiera ocurrírsele proclamar o mantener por tiempo indefinido un estado
confesional –religión de estado dicho de otra forma– de una u otra
modalidad. Ya que ello conlleva autoridad o autoridades intérpretes de
"la verdad" sobre las autoridades del estado.
La religión es concebible como la relación con la divinidad de cada
hombre o mujer; y la filosofía es relación con la academia. En una u
otra no puede interferir el estado, siempre y cuando la misma no
interfiera en el orden social.
En cambio, la relación de la persona y el estado ha de ser interrelación
siempre creadora al objeto de superar el orden jurídico, a los efectos
de lograr modos y condiciones que permitan hacer realizable la libertad
plena de cada persona integrada a la sociedad.
La verdad oficial interpretada por uno o más poseedores de "la verdad"
castra toda germinación de proyectos sociales y personales, mediatiza la
expresión artística, creando una interrelación intimidante y alienante
entre las personas que integran la sociedad e impide el logro de las
condiciones imprescindibles para realizarse la libertad plena del hombre.
El partido único, rechazado por los más respetados pensadores
socialistas, inclusive por Marx y Trotsky –recordemos que Marx
literalmente expresó que él no era marxista– establece una verdad
oficial. Contravenirla o cuestionarla conlleva al anatema, el
ostracismo, la cárcel, o la muerte.
Estas reflexiones no conllevan el rechazo de la existencia de los
partidos políticos, sino que pretenden lograr expresar la verdadera
razón de ser de los mismos. Su existencia ha de ser institución
representativa de un grupo de ciudadanos que tienen fundamentos teóricos
y programáticos que los identifican en su quehacer social. Y cuando
éstos son adecuadamente representativos pueden proponer candidatos a los
órganos electivos del estado.
Los electores: legítimos e ilegítimos
No ha de ser privilegio de los partidos proponer candidatos a los
órganos electivos del estado. Toda organización igualmente
representativa –sindicatos, asociaciones de vecinos, universidades,
asociaciones de campesinos, cooperativistas, artistas y toda otra
comunidad social adecuadamente representativa– podrá ejercer el derecho
de proponer al pueblo candidatos a las funciones públicas que deriven de
asambleas constituyentes soberanas,
La experiencia y los hechos han demostrado que los poderes financieros,
empresariales y mediáticos minan y prostituyen la democracia al
intervenir en los procesos electorales. Hemos de tener presente que,
aunque ellos no deben ser electores, de hecho lo están siendo en la
mayoría de los países, desnaturalizando y desprestigiando los procesos
electorales. En consecuencia, se han de tomar las medidas necesarias
para invalidar, prohibir y sancionar tales injerencias.
Medidas similares han de implementarse contra aquellos ciudadanos que
aportan a los candidatos, partidos y organizaciones recursos privados
–en cuantía no aprobada– convirtiéndose en electores de primera, lo cual
prostituye y mina los procesos electorales.
La libertad de prensa
Un tema de actualidad es el de la libertad de prensa que requiere
determinadas precisiones. En los llamados regímenes del liberalismo
económico imperante en la mayoría de los países se impide el ejercicio
de la libertad de prensa, ya que el periodismo se ejerce acorde a las
orientaciones de intereses financieros, empresariales o gubernamentales
que cada uno de esos medios representan. Donde imperan regímenes de
capitalismo de estado como en Cuba, la prensa, radio y televisión no son
más que agencias gubernamentales para acondicionar la opinión publica.
La libertad de prensa es un derecho inalienable del que todos hablamos
pero que sólo es y ha sido ejercido por intereses empresariales,
financieros y gubernamentales en Nuestra América, en distinto grado y en
diferentes épocas, y por intereses extranjeros.
Al efecto de su validez, hay que crear condiciones que permitan que la
persona y los organismos de la base social tengan los medios para poder
expresar libremente sus opiniones e inquietudes. Es necesario agregar
que, en el ejercicio de derecho a la libre expresión del pensamiento, no
es válido hacer la apología del delito, incitar la violencia o utilizar
las diversas modalidades de difamación.
Las bases sociales
Logradas las garantías y medios necesarios para expresar nuestra
diversidad, hemos de abordar cuidadosamente la tarea de reorganizar
nuestra central obrera nacional y sus sindicatos integrantes, e
instrumentarlos con la normativa necesaria para que puedan asumir la
legítima representación de los trabajadores en los órganos de dirección
social. Continuando esta orientación consideramos que, al logro de la
participación de las bases sociales en la dirección del estado, es
necesario llegar a un consenso de la normativa necesaria para que el
Consejo Nacional de Universidades y sus universidades integrantes, la
Confederación Nacional Campesina y todos aquellos grupos sociales
adecuadamente representativos, puedan incorporarse a los órganos de
dirección social.
Habiendo logrado mediante el diálogo el consenso de estas reflexiones y
condiciones previas –expresadas en éste y dos artículos previos de esta
serie– estamos en condiciones de afrontar la consolidación de los
organismos en la base social en que ha de sustentarse la República para
afrontar los retos que se nos presentan en este Siglo XXI, entre ellos
el de la integración política y económica de los pueblos de Nuestra América.
Nosotros los social-revolucionarios cubanos hemos reiterado que el
sindicato es el órgano representativo de la comunidad del trabajo en
cada centro laboral. En casos excepcionales, considerándose sus
características, pueden organizarse a nivel empresarial o territorial.
El hecho particular de que la empresa sea de carácter social, estatal,
gubernamental, privada o mixta, no puede condicionar su representatividad.
Quizás no sea necesario, aunque con razón me califiquen de reiterativo,
que el sindicato ha de ser no partidista, democrático y autónomo, no
subordinado al gobierno. Cumpliendo al ordenamiento jurídico que
establezca la nueva constitución, participará en la dirección de las
instituciones de dirección social y económica de la Republica,
ejerciendo la iniciativa legislativa y postulando en los casos que
considere necesario candidatos a los cargos públicos electivos que
establezca la nueva constitución.
Respondiendo a nuestra tradición, desde los años del Manifiesto de
Córdoba, históricamente los social-revolucionarios cubanos hemos sido
abanderados de la autonomía universitaria. En el congreso nacional
estudiantil de 1923 Julio Antonio Mella planteó en el discurso central
que la universidad debe ser un órgano autónomo participante en la
dirección social.
Temas para un diálogo
Dialogaremos sobre estos y otros temas de los organismos en la base
social en busca del consenso más amplio posible: La familia, la
propiedad familiar, el municipio autónomo por el que siempre hemos
luchado los social-revolucionarios, el régimen de cooperativas, las
empresas de autogestión, cogestión gubernamental, estatal, etc.
Afirmamos que la participación de los organismos en la base social
garantiza una democracia genuina, estabilidad política y amplia
participación ciudadana.
Condición única para participar en el diálogo que proponemos: Hemos de
estar de acuerdo en que Cuba por derecho y por historia es soberana.
Rechazamos indignados la injerencia extraña, y agradecemos conmovidos la
solidaridad con nuestro pueblo.
Sabemos que el diálogo que proponemos todos tenemos la responsabilidad
de iniciar: Gobierno, oposición, y los no identificados con uno u otros.
Intentamos el consenso de quienes pertenezcan o no a un partido político
u organización social de cualquier índole. Logrado en lo que fuera
posible un grado importante de consenso, estaremos en condiciones de
convocar a Delegados a la Asamblea Nacional Constituyente Soberana, y
que los partidos, sindicatos, municipios, universidades y otros grupos
en la base social propongan sus candidatos al pueblo –y éste es el único
elector.
Cumpliremos entonces el sueño de los que dedicaron su vida, o la
perdieron, por que el pueblo de Cuba, ejerciendo su soberanía,
establezca una sociedad libre y justa, invitando a todos los hombres de
buena voluntad a que nos visiten para ver cómo Cuba afronta los retos
del Siglo XXI.
III. La desregulación laboral
Los social-revolucionarios cubanos hemos estado comprometidos siempre,
en Cuba y fuera de Cuba, con el proyecto de los sindicatos democráticos,
genuinos representativos de la comunidad del trabajo, independientes
tanto de los partidos como de los gobiernos.
En representación de la comunidad del trabajo, el sindicato ha de ser
la institución valedera para concertar las condiciones laborales en toda
empresa, sea ésta de la naturaleza que sea. Además, el sindicato tiene
que participar en la dirección de todo órgano nacional o internacional
donde se determine la política económica, la seguridad social y la
promoción de la cultura y la educación.
Los social-revolucionarios cubanos percibimos que las estructuras de
estado denominadas "democracias representativas, liberalismo económico,
capitalismo de estado, sociedades paternalistas, o regímenes
totalitarios" han fracasado a los fines de la realización plena de la
persona. En consecuencia, hemos llegado a la conclusión de que es
necesario trabajar para crear una democracia real, la cual nos
permitimos llamar "democracia obrera".
Pudiéramos decir que la imposición de la desregulación laboral, o
"flexibilización" universal, como ahora quiere llamársele, no es más que
un corolario consecuente de la "globalización", cuando ésta se trata de
aplicar a los grandes problemas que conllevan la producción y la
distribución en los tiempos modernos.
El trabajo es un bien social
El primer tema que afrontamos los social-revolucionarios cubanos es
nuestro rechazo a la concepción promulgada por la sociedad capitalista
de que el trabajo es sólo un insumo más de la empresa. Nosotros
afirmamos que es un bien social y que ha de ser fuertemente protegido,
porque es el fundamento de toda estabilidad social, y porque constituye,
además, el derecho fundamental y más respetable de la persona, pues del
ejercicio del mismo depende el bien sustentador de toda la comunidad del
trabajo.
Conocemos que los empresarios –salvo los que por excepción mínima
confirman la regla– afirman que los derechos sociales afectan las
relaciones productivas y la competitividad empresarial. Ellos, por
tanto, rechazan
a) el pleno empleo;
b) la estabilidad del trabajo;
c) la seguridad social; y
d) los convenios colectivos de trabajo.
Se mienten a sí mismo políticos y economistas, o muestran su
incomprensión del proceso histórico, al considerar que el desempleo
creciente en toda la humanidad es sólo producto de las crisis cíclicas y
que constituye por ende un fenómeno coyuntural pasajero.
Conocemos –y damos a conocer– el drama que vive la humanidad, donde hay
más de 120 millones de desocupados, 35 millones en los países
industrializados, sin que se considere en estas cifras a los que han
aceptado empleos precarios por un tiempo parcial ni a los que viven de
la economía marginal. Esto es algo mucho más grave que los conocidos
"ciclos críticos" de la sociedad capitalista que tan profundas
convulsiones ocasionaron en las sociedades durante los tres pasados
siglos. Hemos llegado, pues, a la conclusión de que la que se inició con
la revolución industrial está llegando a su final. En consecuencia, se
requiere una reformulación de la vida en sociedad, en su esencia y en
todos sus diferentes aspectos, sean éstos la economía, las relaciones en
la vida social, la cultura o la educación.
Se requieren nuevas soluciones
El concepto del trabajo y sus relaciones con las empresas productoras o
de servicio ha caducado. Estamos enfrentados a una situación que
requiere nuevas soluciones. Las sociedades creadas en los siglos XVIII,
XIX y XX han prescrito. Nos enfrentamos ante la nueva realidad de que
hay millones de seres humanos que ya no sirven ni para ser explotados.
Se requieren pues, cambios cualitativos fundamentales en la sociedad
universal. Las transnacionales han estado, cada vez, asumiendo el poder
mundial, subordinando los estados como simples agencias cuya función no
es más que cumplir las prescripciones que les son encomendadas.
El racismo y la xenofobia son los instrumentos enarbolados por la vieja
sociedad para desviar la comprensión del problema. Por otra parte, se
estimula la inmigración para luego explotarla, se envilecen las
condiciones del trabajo, y se divide a la clase trabajadora mediante el
empleo de los sofisticados medios de manipulación existentes. Se
pretende así impedir toda acción solidaria y se confunde a los pueblos
para evitar que comprendan que el desempleo y el incremento de los
niveles de pobreza son consecuencia de la llamada "globalización" y su
instrumento ideológico, el "liberalismo económico".
La desregulación del trabajo –meta prioritaria de las transnacionales–
está desplazando las actividades productivas primarias hacia los países
que antes eran colonias y, donde ahora, despojados y saqueados,
fácilmente se pueden imponer condiciones denigrantes a los trabajadores.
Para la realización de estos fines las transnacionales utilizan tanto
la presión financiera como la fuerza militar, según les sea más
conveniente, como instrumento de persuasión. Pero, además, cuentan con
sectores nacionales comprometidos con la estructura capitalista.
El Banco Mundial ha determinado que una "flexibilidad acrecentada del
mercado de trabajo es esencial para que todas las regiones emprendan
reformas a profundidad". El Fondo Monetario Internacional, por su
parte, expone que "los gobiernos europeos deben lanzarse con audacia a
una reforma a fondo de los mercados de trabajo, la flexibilidad de éstos
pasa por la reformulación del seguro de desempleo, del salario mínimo
legal de la legislación que protege el trabajo".
Como comentario final a estas primeras observaciones he de señalar que
la política de liberación económica y privatización ha incrementado la
pobreza en América Latina hasta las dramáticas marcas que sobrepasan el
40 por ciento, cifra ésta aceptada por el Banco Internacional de
Desarrollo. Ha aumentado el índice de desempleo y, por supuesto, se ha
incrementado el trabajo marginal y la alienación de la población.
La falsa lógica del capitalismo consiste que en que el trabajador venda
su fuerza de trabajo a los empresarios de los medios de producción y de
servicios, y que éstos paguen por el trabajo un precio determinado por
el mercado. Los social-revolucionarios cubanos rechazamos este
concepto. Afirmamos que el trabajo es la inversión de los trabajadores
para los fines de la producción y los servicios. Los empresarios, sean
éstos privados o gubernamentales, representan el capital financiero, el
sindicato representa el capital trabajo. En esa relación dialéctica se
han de concertar los convenios colectivos que garanticen el salario
mínimo, las condiciones laborales y los beneficios que corresponden al
capital trabajo en la producción y mercadeo empresarial.
Esta tarea primordial del movimiento obrero, a niveles nacional e
internacional, en esta fase de la acción social, hace aprobar la
normativa jurídica que garantice al sindicato ejercer el derecho de la
representación de la comunidad del trabajo.
Nos encontramos con que el objetivo primario de la desregulación laboral
que se pretende –y que se está estableciendo de forma avasalladora en la
generalidad de los países– es cuestionar la aceptación del sindicato
como representante de la comunidad del trabajo.
Facultad indelegable del sindicato
Los social-revolucionarios cubanos, en consecuencia proclamamos, con
máxima insistencia, que es facultad indelegable del sindicato convenir y
establecer las relaciones contractuales, en cada centro o área del
trabajo, con la empresa –sea ésta de propiedad estatal, privada, social
o mixta– para determinar salarios, compensaciones económicas, seguridad
social y salud laboral. El sindicato, en su condición de representante
de la comunidad del trabajo, ha de participar en la dirección de las
instituciones de la sociedad cuyas decisiones afecten al trabajador o a
su familia. Estas incluyen la educación, la asistencia médica y
hospitalaria, la salud pública, la política económica, etc.
Los sustentadores de la "globalización", en su afán por destruir todo
el ordenamiento del derecho laboral y por impedir que los países que
quedaron marginados por el proceso de la dignificación del trabajo
accedan al mismo, hacen una campaña masiva contra el movimiento obrero,
calificándolo como un factor retardatario de la prosperidad económica de
la prosperidad económica. Promoviendo la corrupción en el activismo
sindical y estructurando campañas de difamación al mismo. Mediante esta
actividad han logrado, en primer término, la fragmentación del
movimiento sindical. Con esto se ha debilitado cualquier intento de
acción obrera, se ha producido una desindicalización masiva y se ha
incrementado un sentimiento de impotencia verdaderamente castrante.
Es necesario tener presente que la acción por la desregulación laboral
está dirigida e instrumentada por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio
(OCM.) El primer objetivo de estas instituciones es desarticular el
movimiento obrero organizado, porque esto ha de garantizarle el más
amplio control del capital del conjunto de las actividades económicas, y
el que los gobiernos quedaran inermes para resistir sus políticas al
eliminarse lo que ellos llaman grupos de presión. Así, cada gobierno, a
escala universal, tendrá que supeditar toda la política pública a los
fines definidos en el Tratado de Maastricht (primer convenio que se han
puesto en conocimiento público los intereses capitalistas para imponer
la globalización.) Para esta meta, trazada por dichas entidades
internacionales, se tiene que usar como procedimiento primordial el
debilitamiento sistemático del movimiento obrero. Puede comprobarse que
esto lo han logrado considerablemente. La meta segunda es la disminución
progresiva de los costos laborales para los objetivos de su política
macroeconómica internacional.
El propósito de la desregulación laboral bajo la presión del FMI, BM,
y OCM, es lograr la precariedad del trabajo y, muy especialmente, el
desmantelamiento de los sistemas sociales.
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