Economía
Disfrutar del desarrollo
Las empresas clave del bienestar económico, el enemigo público número
uno del castrismo.
Enrique Collazo, Madrid
viernes 29 de junio de 2007 6:00:00
Una mujer tras comprar plátanos en una feria ocasional organizada por el
gobierno en la Plaza de la Revolución
Una mujer tras comprar plátanos en una feria ocasional organizada por el
gobierno en la Plaza de la Revolución. (AP)
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En la prensa española apareció recientemente un dato revelador: el 99,6%
de las 478.000 empresas que desarrollan su actividad en la Comunidad
Autónoma de Madrid —región que ha devenido motor de la economía ibérica—
son PYMES, o sea, pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, trabaja
en ellas el 60% de los casi tres millones de afiliados a la Seguridad
Social en la región.
Dichos datos ponen de relieve una vez más la relevancia que tiene la
creación, el fomento y la preservación de un tejido empresarial si es
que se pretenden alcanzar determinadas cotas de crecimiento económico,
bienestar material, la mejora del nivel de vida de la población y una
más equilibrada distribución del ingreso. Las empresas que operan a
pequeña escala contribuyen al aumento del empleo, la expansión de las
exportaciones, el estímulo del ahorro y la inversión familiar.
Evaldo A. Cabarrouy, en su estudio La importancia de la pequeña empresa
no estatal en el mejoramiento de la capacidad productiva de la economía
cubana, demuestra que el factor empresarial es precisamente uno de los
recursos productivos más escasos en los países en desarrollo. Por tal
razón, la incorporación de nuevos empresarios al proceso productivo es
una de las principales funciones de la pequeña empresa. Se considera
además que la producción a pequeña escala es altamente intensiva en mano
de obra y, por consiguiente, se le considera eficaz para enfrentar el
desempleo y la escasez de capital.
La expansión de las empresas de menor tamaño puede jugar un papel
positivo en la generación de empleo, la mejor distribución del ingreso y
la desconcentración geográfica de la actividad económica. La pequeña
empresa fomenta el espíritu empresarial, reduce la brecha existente
entre los pequeños talleres artesanales de la economía informal y las
grandes empresas, y constituye un mecanismo eficiente para la creación y
el fortalecimiento de la clase media.
Historia de un éxito
Al igual que en otros países de América Latina, antes de 1959, la
presencia en Cuba de establecimientos de dimensión reducida en la rama
de la manufactura, el comercio y los servicios era muy frecuente y
generalizada. Según la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), al finalizar los años cincuenta, el 80% de los
establecimientos de la industria no azucarera empleaba a menos de 25
personas.
En términos generales, puede decirse que al finalizar los años cincuenta
predominaba en la Isla la producción al nivel de pequeña empresa de
carácter familiar o casi artesanal.
La fabricación del tabaco ofertaba empleos a 200.000 personas y, a pesar
de la inversión extranjera registrada en los primeros años del siglo XX,
predominaba en ella el capital cubano. En 1958, Cuba produjo más de
600.000 toneladas de tabaco, de las cuales 42.000 se lograron en la zona
de Vueltabajo, provincia de Pinar del Río, y en la región de Remedios,
entonces provincia de Las Villas. Ese mismo año, Cuba disponía de cerca
de mil fábricas de tabaco, de las que 700 empleaban menos de 25 obreros
y sólo 25 utilizaban alrededor de 100 torcedores.
Estas fábricas, casi todas pequeñas y medianas, empleaban unos 8.000
torcedores y 525 anilladores, es decir, un promedio de menos de 9
obreros por fábrica. La producción de cigarrillos alcanzó en 1939 la
cantidad de 9.300 millones de unidades, fabricadas en 24 industrias, que
daban empleo a unos 4.000 cubanos.
Grandes, medianas y pequeñas empresas producían una amplia variedad de
productos alimenticios. Unas 350 fábricas de alimentos abastecían el
mercado interno de conservas de frutas, mariscos, refrescos, maltas,
legumbres, leche fresca, en polvo, condensada y evaporada, confituras,
dulces, etcétera.
Más de 50.000 cubanos dependían económicamente de la industria
alimenticia. Sólo la industria de conservas del pescado, que inició su
comercialización intensiva en 1940, alcanzó 10 plantas procesadoras en
1957. La producción principal era a base de langostas, atún, bonito,
sardinas y albacora, todos a precios módicos y de alta calidad.
En la década de los años cincuenta se introdujo una novedosa tecnología
para la congelación de colas de langosta y ancas de rana. Entre 1950 y
1954, la producción anual de esos productos alcanzó las 25.000
toneladas, de las cuales el 70% se destinó al mercado interno.
Castrismo fulminante
A partir de 1959, con el triunfo de la Revolución, se inició un proceso
de colectivización de los medios de producción que transformó
fulminantemente las formas básicas de organización económica del país, a
partir de la expropiación de los medios privados de producción. Buena
parte de los inmuebles pasaron a propiedad estatal, lo que afectó a
todos los sectores de la economía.
Como resultado, el sistema empresarial sufrió transformaciones de gran
magnitud y rapidez. Al finalizar 1960, todo el comercio al por mayor y
exterior, la banca, gran parte del transporte, la industria, la
construcción y el 52% del comercio minorista, así como más de la tercera
parte de la agricultura, se encontraba en manos del Estado.
El 48% de la actividad comercial minorista que quedó en manos privadas
estaba distribuida entre grandes y medianos comerciantes (23%),
dedicados principalmente al giro de ropa, zapatos y ferretería, y el
resto (25%) se encontraba en manos de pequeños comerciantes, que
trabajaban directamente, y con su familia, sin emplear fuerza de trabajo
ajena. En el sector industrial, las unidades productivas fueron
organizadas, de acuerdo con la naturaleza de su producción, en torno a
grandes "empresas consolidadas".
En la segunda mitad de 1960, las empresas estatales ya representaban el
50% del valor de la producción industrial. Un año más tarde esta
proporción se había elevado al 75-80%. De las 38.384 empresas
industriales que operaban en 1958, aproximadamente 18.500 eran
responsables del 80% de la producción industrial; las mismas habían sido
unidas en varios consolidados para fines de 1961.
En diciembre de 1962, con la promulgación de la Ley 1076, se
nacionalizaron 4.600 empresas comerciales privadas grandes y medianas, y
sus establecimientos, almacenes, depósitos y derechos dedicados a los
giros de ropa, calzado, víveres y ferretería. Éstas fueron adjudicadas
al Ministerio de Comercio Interior. La orientación que dio el organismo
para la aplicación de la ley definía el pequeño comercio como "aquellos
en que todos los que trabajan en él son familiares o que sólo tienen un
trabajador".
Sin embargo, a pesar de que la ley no afectó a los pequeños
propietarios, 218 establecimientos de ese tipo fueron nacionalizados.
Además, durante 1963, los comercios de pequeña propiedad siguieron
pasando al Estado.
Por otro lado, con la Reforma Agraria que se puso en práctica en 1959,
fue incorporado al patrimonio estatal un 40% de la tierra en fincas. El
3 de octubre de 1963 fue dictada una nueva ley de Reforma Agraria, que
estableció el límite máximo de tenencia de tierra a 67 hectáreas. Las
propiedades rurales con una extensión que sobrepasaba esta medida fueron
expropiadas, eliminando con ello a los agricultores medianos.
De esta manera, el 70% de las tierras y el 80 de la producción agrícola
quedaron bajo control estatal. A fines de 1963, sólo el 30% de las
propiedades rurales y aproximadamente el 25% de la actividad comercial
minorista estaban en manos privadas, el resto de la economía se
encontraba en manos del Estado.
Ofensiva y desabastecimiento
En el verano de 1966, el proceso de colectivización se reanudó con
nuevos bríos, concentrándose en las dos bolsas de propiedad privada
remanentes: la agricultura y los servicios. En 1967, la colectivización
fue reactivada en la agricultura mediante la eliminación de las pequeñas
parcelas destinadas al cultivo familiar de las que disfrutaban los
trabajadores de las granjas estatales, la compra de granjas privadas por
el Estado, la expansión del acopio y la prohibición de ventas directas
de los pequeños agricultores a los consumidores.
En marzo de 1968, con la puesta en marcha de la llamada "Ofensiva
Revolucionaria", la colectivización alcanzó su punto culminante cuando
se intervinieron estatalmente hasta los negocios más pequeños. El 25%
del comercio minorista que aún quedaba en manos privadas, además de la
mayor parte del 2 al 5% de la industria y el transporte, fueron
colectivizados de un solo golpe.
Entre los meses de marzo y abril de 1968 se nacionalizaron 58.012
establecimientos. Los pequeños negocios nacionalizados, más de la mitad
establecidos después de 1961, se dedicaban principalmente al giro de
comestibles y bebidas, tiendas de servicios personales, como quincallas,
talleres de reparaciones, artesanías y vendedores ambulantes. Aunque se
sostuvo que estas pequeñas empresas privadas, que abarcaban casi un
tercio de la distribución de bienes de consumo, estaban creciendo
rápidamente y acumulando cada vez más ganancias; la verdad fue que el
pequeño sector privado había estado llenando el vacío creado por el
funcionamiento ineficaz de los servicios estatales.
La importancia que había logrado tener el sector privado después de los
primeros años de la Revolución, en la esfera del comercio y en algunos
servicios y producción de artículos industriales, indicaba que la
producción privada continuaba desarrollándose e incluso compitiendo con
éxito con el Estado, debido a su mayor iniciativa y flexibilidad. Por
ello, sus productos eran preferidos incluso por el sector estatal. De
hecho, la relación del sector privado con el estatal en la producción y
los servicios se había desarrollado notablemente.
De esta suerte, la industria cubana sufre desde entonces el descalabro
de un proyecto económico voluntarista e irracional, que redujo la
producción del país a niveles que apenas llegaron a satisfacer el 20% de
la demanda nacional. Desaparecieron del mercado muchos productos que
históricamente se ofertaban a precios accesibles y de óptima factura en
una amplísima red de pequeños, medianos y grandes establecimientos
comerciales.
La agricultura y las industrias y transformativas del vestido, la
gráfica, el papel y el plástico, la construcción, el calzado, la textil
y la química, entre otras, redujeron producciones y surtidos bajo la
rectoría de un plan elaborado centralizadamente, que modificó de manera
radical las técnicas de gestión empresarial y alteró sustancialmente los
hábitos de consumo de la población.
Reacomodo selectivo
A partir de la mitad de la década de los noventa, hubo un rebrote de la
pequeña propiedad, en sintonía con medidas de reacomodo selectivo que
introdujo el poder para frenar la caída libre del producto interno
bruto, como consecuencia de la súbita pérdida de los cuantiosos
subsidios de la otrora Unión Soviética.
La respuesta de la latente capacidad empresarial de los cubanos ante la
señal permisiva del Estado fue masiva y, gracias a ella, Castro
consiguió remontar la peor crisis que afrontó su régimen desde 1959.
Sin embargo, tras la leve recuperación de algunos indicadores
macroeconómicos, aquella limitada liberalización fue detenida en 1996, e
incluso, revertidos sus efectos, lo cual permitió al Estado patrón
reasumir su protagonismo en la esfera de la producción, la distribución
y los servicios, en gran medida apoyado ahora en el petróleo barato
—probablemente gratis—, así como en los generosos subsidios que recibe
de su aliado caribeño, Hugo Chávez.
Hay que tener en cuenta que la lógica totalitaria se debilita frente a
la expectativa de una liberalización económica, generadora de
independencia política, lo cual para el Estado patrón implica un elevado
riesgo que Castro no está dispuesto a correr. El principal obstáculo que
se interpone en el camino de las pequeñas y medianas empresas cubanas no
es otro que la obstinada política del Estado de no perder el control de
la economía, bajo los efectos de una jurásica ortodoxia marxista, con
sus naturales incongruencias económicas, incoherencias sociales y
profundas contradicciones políticas y filosóficas.
El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas requerirá de un
profundo desmontaje de toda la plataforma legal que lo frena, desde la
Constitución de la República hasta el Código del Trabajo. La libertad
empresarial requiere en primer lugar de libertades civiles y políticas,
de una declaración oficial que reconozca el interés del Estado por
promover empresas pequeñas y medianas con amplias garantías legales,
éticas y morales.
Libertad y mercado
Asimismo, resulta impostergable un mínimo de acciones concretas, entre
otras: abdicar del monopolio del poder político como requisito básico
para la renuncia del poder económico. Estimular la orientación del
crédito —en este sentido, la propuesta de microcréditos con garantía
hipotecaria desplegada por el Cuba Study Group en septiembre del año
pasado, daría un apoyo concreto a la demostrada iniciativa empresarial
de muchos cubanos de la Isla— con bajos intereses y largos plazos, hacia
el fomento de pequeñas y medianas empresas, en sectores, ramas y
servicios deficitarios del comercio, la gastronomía, los servicios
personales, la agricultura, el transporte y las telecomunicaciones.
Permitir la creación de pequeñas y medianas empresas que brinden
servicios paralelos a los del Estado, explorando incluso el sector
educacional y de la salud. Revisar las leyes relativas al sector
agropecuario y proveerlo de fórmulas que garanticen su pleno desarrollo
en áreas tan sensibles como la libre elección de los cultivos, la
participación directa en el mercado y la fijación de precios más
flexibles. Permitir la asociación libre, con intereses ramales,
sectoriales, territoriales o profesionales, favoreciendo el intercambio
y transferencia de tecnología, créditos y recursos dentro del sector por
cuenta propia.
El poder político y administrativo debe dejar de ser un instrumento de
coacción y un medio para obtener prebendas y beneficios; por el
contrario, éste debe dar servicio a la nación, representando un
instrumento de soberanía y garantía del bien común.
Del mismo modo que la Comunidad de Madrid, en España, basa en gran
medida su crecimiento económico en una tupida red de pequeñas y medianas
empresas que contribuyen a la creación de riqueza, la acumulación y
satisfacer la demanda cotidiana de un sinfín de consumidores de
productos y servicios, Cuba posee toda la potencialidad para, una vez
superada la dictadura, recuperar la economía insular.
Disfrutar del desarrollo es ofrecer al ser humano la posibilidad de
ejercer su libertad y la democracia en su más genuina y amplia
manifestación. Las libertades civiles, políticas y culturales, entre
otras, deben presidir cualquier intento de renovación económica en Cuba,
pues aquellas están orgánicamente relacionadas con el mercado.
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