2007-03-19.
Jaime Trobo, Miembro del Parlamento de Uruguay
El 18 de Marzo de 2003, escondida detrás de las escandalosas imágenes de
la invasión a Irak, la dictadura cubana aprovechó para asestar a la
oposición un durísimo golpe. Detuvo, juzgó sumariamente y encarcelo con
penas de hasta 25 años, a 75 ciudadanos acusándolos por expresar un
pensamiento diferente, informar en forma libre, reclamar el respeto de
los DDHH en Cuba, bajo la figura delictiva creada poco tiempo antes por
la ley 88 de defensa de la soberanía, que no es otra cosa que un
mecanismo represor que guarda perfecta similitud con el mejor estilo
fascista o stalinista.
La ocasión fue propicia para ejecutar, aplicándoles la pena de muerte, a
tres jóvenes que habían intentado forzar a una nave para que se
dirigiera a las costas de Florida para escapar del infierno que es hoy
su Cuba natal. La pena de muerte execrada por los pueblos
latinoamericanos se puso en practica en 2003 en Cuba. Se cumplen cuatro
años de esta escalada represiva.
Las condenas de los opositores se están cumpliendo en condiciones
infrahumanas, en prisiones y celdas de castigo en algunos casos que no
cumplen con las mínimas garantías, sus familias son acosadas por la
seguridad del estado cuando reclaman su libertad o su traslado de
presidios que distan cientos de kilómetros de la casa de sus familiares.
La negativa de muchos de ellos a ser tratados como presos comunes actúa
como una motivación para los represores que los acosan con permanentes
tratos degradantes, les escamotean la atención médica, les suspenden las
visitas repentinamente y les anuncian que sus familiares sufrirán las
consecuencias.
Algunos a quienes se les ha concedido licencia extrapenal, afectados por
enfermedades crónicas o delicados estados de salud, son en uso de su
frágil libertad, testimonio activo del maltrato, la degradación y la
inquina con la que el régimen actúa.
Hay hoy en Cuba mas de 300 presos políticos, si por esta condición
entendemos a quienes están recluidos en prisiones por infracciones a las
leyes que consagran el delito de opinar diferente, reclamar libertad de
expresión y respeto por los DDHH; seguramente hay miles, sino millones
quienes no pueden ejercer sus derechos, aquellos de los que todos
queremos gozar y por los que luchamos en la ocasión que nos falten. En
Cuba hoy día la lucha por la libertad en cualquiera de sus formas es un
delito, se paga con presidio, duro, inhumano, injustificado, pero
ejemplarizante para quien se atreva a cometerlo.
Algunas veces me han preguntado, ¿ que tan importante es la suerte de
Cuba, lejana geográficamente de Uruguay e hija de una historia de
controversias imperiales de la que han resultado fugaces etapas de
independencia, libertad y estado de derecho?; me lo han preguntado
quizás para convencerme que es inútil la lucha y la solidaridad, ó
quizás para exculparse de la responsabilidad de ser indiferente ante
esta triste situación.
Cada vez que esto me ha ocurrido he recorrido las imágenes, las
conversaciones, los ruegos, los valientes alegatos desde las prisiones
de la dictadura cubana, y me he afirmado en la convicción que todo lo
que hagamos acercará el fin de la oscura etapa autoritaria y acercará el
nacimiento de una sociedad tolerante, libre, respetuosa del derecho,
justa como resultado de sus propios debates, en la que la verdad se
encontrará en el dialogo y la comprensión de sus ciudadanos, donde la
legitimidad institucional surgirá del ejercicio democrático y plural.
Un país como cualquiera de los nuestros en los que los gobernantes lo
son porque los elige el pueblo y en los que ocupan posiciones también
los que no triunfan, para garantizar el respeto por las minorías.
Pero esto solo ocurrirá si los cubanos tienen la decisión y el coraje de
conquistarlo, aún contra la peor represión, y en ese proceso la
solidaridad y el apoyo que podamos brindarles es fundamental.
No es un asunto exclusivo del gobierno de Cuba el presidio de más de
trescientos opositores, es un asunto del pueblo cubano y también es un
asunto nuestro y por ello debemos denunciarlo y reclamar su inmediata
liberación.
En la comunidad latinoamericana, la hipocresía y la frivolidad de muchos
admite esta realidad sin hesitarse y esto no tiene explicación racional.
Se le admite y perdona al régimen autoritario y hereditario lo que se
denunciaría si ocurriese en cualquier otro país.
Esa complicidad impune constituye una deuda acumulada con el Pueblo de
Cuba que adquiere cada día mayor volumen, por ello no puede demorar un
minuto el reclamo por la liberación de los presos políticos en Cuba como
paso inevitable en el camino de una apertura y transición a la
democracia. América Latina y en ella el Uruguay no pueden seguir
practicando la hipocresía.
No comments:
Post a Comment