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Wednesday, September 07, 2016

El fin de las gratuidades de la Revolución

El fin de las gratuidades de la Revolución
La aplicación de nuevas medidas tributarias a los trabajadores estatales
cubanos no debería causar sorpresa a nadie
Miércoles, septiembre 7, 2016 | Miriam Celaya

LA HABANA, Cuba.- En días pasados los medios oficiales cubanos
anunciaron la aplicación de un Impuesto sobre los Ingresos Personales a
los trabajadores del sector empresarial estatal, así como la extensión
del pago de la llamada Contribución Especial de la Seguridad Social
(CESS) –al que ya estaban aportando los trabajadores de "las entidades
en perfeccionamiento"–.

La nueva medida entrará en vigor desde el 1ro de octubre próximo e
involucrará a más de 1 millón 300 mil trabajadores "beneficiados" por el
Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (SPE) y a los que reciben pagos
por resultados y por utilidades. Tal disposición "ratifica la función
redistribuidora del ingreso tributario y permite disminuir la
participación del Presupuesto del Estado en el financiamiento de los
gastos públicos", según los funcionarios citados por la prensa oficial.

El pago de los impuestos se descontará directamente de los ingresos de
los trabajadores por parte de la empresa, que los aportará al
Presupuesto del Estado. Es decir, que los trabajadores cobrarán un
salario del que se habrá sustraído por la empresa estatal el pago que es
para el Estado.

Contrario a lo que pudiera suceder en un país medianamente democrático,
donde los trabajadores pueden agruparse en sindicatos libres y reclamar
contra las medidas que afectan sus salarios e ingresos, en Cuba no se
han producido manifestaciones, huelgas ni insubordinaciones en los
colectivos laborales que se verán afectados por la disposición. Tampoco
se espera que se produzcan. A contrapelo de lo que sostienen algunos
imaginativos medios digitales extranjeros acerca de "más de un millón de
trabajadores enfurecidos", ningún evento en el escenario de la Isla
justifica hasta ahora semejante titular.

En realidad los trabajadores estatales cubanos, despojados de un derecho
tan elemental como el de libre asociación, han desarrollado en las
últimas décadas otras peculiares maneras de tramitar su inconformidad
ante las medidas gubernamentales que los perjudican, como por ejemplo,
disminuyendo su rendimiento productivo y aumentando los robos y
"desvíos" de recursos para redondear los deprimidos salarios para
obtener ganancias adicionales; emigrando al sector privado o –la que se
ha estado tornando más frecuente y expedita– emigrando definitivamente
del país para buscar la prosperidad lejos de la costosa tutela castrista.

Por su parte, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), único
"sindicato" legalmente reconocido en la Isla, no solo no ha cumplido las
funciones para las cuales se supone exista, sino que –al contrario– está
desarrollando toda una estrategia de apoyo a la disposición
gubernamental, realizando reuniones a nivel de base para que los
dirigentes sindicales concienticen a los trabajadores acerca de la
necesidad de aportar al Presupuesto del Estado como una manera de
contribuir a las fabulosas prestaciones sociales de las cuales gozan,
especialmente en materia de salud y educación.

En ese empeño no han faltado comisarios que, ya sea por incapacidad
mental, por pura perversidad, o por ambas causas, mencionan entre esas
"gratuidades" la utilización pública de la maltrecha red de carreteras y
viales, del calamitoso alcantarillado y hasta del precario y casi nulo
alumbrado público.

No obstante, la implementación de las nuevas medidas tributarias no
debería causar sorpresa a nadie. Ya desde el VI Congreso del PCC,
celebrado en 2011, los Lineamientos enmarcados en la Política Fiscal
anunciaban que se establecerían "mayores gravámenes para los ingresos
más altos" (Lineamiento 57) y que el sistema tributario avanzaría
gradualmente "en amplitud para elevar su eficacia como elemento
redistribuidor del ingreso".

A ese tenor, en noviembre de 2012 se aprobó la Ley 113 (del Sistema
Tributario), que derogó la Ley 73 (del 4 de agosto de 1994),
estableciendo una disposición especial que expresa textualmente: "El
Impuesto sobre los Ingresos Personales sobre el salario y demás
remuneraciones que califiquen como tal, según lo dispuesto en las normas
especiales y el Impuesto sobre la Propiedad de Viviendas y Solares
Yermos a personas naturales cubanas y extranjeras con residencia
permanente en el territorio nacional, se exigirán cuando las condiciones
económicas y sociales aconsejen su aplicación, lo que se aprobará por la
Ley del Presupuesto del año que corresponda".

En abril de 2016, el VII Congreso del PCC retomó el tema de la necesidad
de desarrollar una cultura tributaria por parte de la población,
insistió en la imposibilidad de que el Estado continuara asumiendo los
gastos de las prestaciones sociales y anunció que se estaba estudiando
la implementación de un sistema de impuestos sobre los ingresos
personales… para cuando existieran las condiciones adecuadas para ello.

A la luz de hoy, resulta obvio que dichas "condiciones" no se referían
precisamente al incremento de la capacidad adquisitiva de los
trabajadores –todavía insuficiente pese al muy cacareado 54% de
incremento del salario medio en el sector empresarial estatal desde 2013
hasta el momento actual, que alcanza los 779 pesos (alrededor de 31
dólares) según cifras oficiales– sino que responde a la creciente
incapacidad del Estado para garantizar la ya de por sí deficiente
seguridad social, sumado al déficit presupuestario en este renglón, que
los propios medios gubernamentales sitúan en 1 200 millones de pesos y
que deberá cubrir el erario público.

Según se informó oficialmente, el Presupuesto del Estado para el año
2016 es de 52 365,8 millones de pesos, de los cuales 5 696 millones
(equivalentes a un 10% del monto total del Presupuesto) se destinaron a
la seguridad social.

De ahí la Resolución No. 261 del 2 de agosto de 2016, del Ministerio de
Finanzas y Precios, que establece en detalle la tasa impositiva dirigida
a complementar la Ley 113 del Sistema Tributario y que debió ser
aplicada desde el segundo semestre del año, pero –aparentemente– nada
debía enturbiar la celebración del 90 cumpleaños del ex Invicto, por lo
cual durante la pasada sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del
Poder Popular se acordó aplazar la aplicación de la resolución hasta el
cuarto trimestre, a partir de los ingresos correspondientes al mes de
septiembre.

Desde luego, en una sociedad "normal" el incremento de las prestaciones
sociales se relaciona con el riguroso cumplimiento de una política
tributaria realista. El problema es que Cuba no cuenta con ninguna de
estas dos premisas: ni es un país "normal" ni la carga impositiva es
"realista", sino todo lo contrario.

De hecho, las propias leyes cubanas demonizan la prosperidad, limitan y
desestimulan la capacidad productiva y penalizan la "acumulación de la
riqueza". A la vez, existe una colosal inflación y una aberrante
dualidad monetaria –con una tasa de cambio de 25 pesos cubanos por 1
CUC– que crea una brecha insalvable entre los cubanos con acceso a la
divisa y los que viven del siempre insuficiente salario en moneda
nacional, creando una distorsión entre las proyecciones oficiales, los
salarios reales y el costo de la vida de los trabajadores.

Otros factores acompañantes de la cultura tributaria de una nación, que
no se reflejan hasta ahora en los planes gubernamentales, son las
libertades económicas de aquellos que producen las riquezas –es decir,
de los contribuyentes– y la imprescindible transparencia en las cifras
públicas. Tanto el origen de los fondos del Presupuesto Estatal como el
destino de los ingresos que nutren los fondos del Estado a través de la
política fiscal, son materia de las ciencias ocultas solo del manejo de
algún reducido grupo de ungidos.

Paralelamente existen ciertas prestaciones de privilegio para algunos
sectores, que tampoco son del dominio público. Por ejemplo, la población
ignora qué por ciento del presupuesto de la nación se destina a los
gastos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del
Interior (Minint), a pesar de que ambos Ministerios fueron los primeros
en aplicar el SPE y sus empleados gozan de los salarios más elevados,
así como de planes priorizados de construcción de viviendas, vacaciones
gratuitas o irracionalmente económicas en balnearios prohibitivos para
el bolsillo del trabajador común, servicios de transporte garantizado,
el mayor parque automotor del país, alimentación preferencial y un largo
etcétera de franquicias.

Tampoco se ha informado sobre la correspondencia entre el aporte
tributario y las pensiones que cobran los jubilados. Es decir, cuántos
trabajadores estatales deben tributar para cubrir las pensiones de todos
los jubilados, y cuáles son las proyecciones en ese sentido para una
población que tiende alarmantemente al envejecimiento, golpeada, además,
por una emigración al exterior creciente y constante de su fuerza laboral.

Por el momento, los trabajadores –convertidos de golpe en contribuyentes
sin derechos económicos– no han sido liberados de obligaciones
patrióticas tales como la "donación" de un día de haber para las
Milicias de Tropas Territoriales, una entidad fantasma a la cual nadie
ve ni nadie pertenece, pero igualmente cotiza; o de la cuota sindical
para un asociación cuya función esencial es la defensa del patrón de los
trabajadores. Cornudos y apaleados.

De lo que no quedan dudas es de la eficiencia del Estado para afilar el
lápiz y sacar sus cuentas. Ya se conoce que 1736 empresas estatales
pagan salarios promedio superiores a los 500 pesos, por tanto,
comenzarán a asumir la nueva carga tributaria que menguará sus ingresos.
La mala noticia es que, presumiblemente, muchos trabajadores estatales
renunciarán a sus puestos para buscar destinos laborales más
promisorios. La buena es que ya Papá Estado no seguirá presumiendo de
tantas y tan caras gratuidades.

Las "conquistas" logradas por los trabajadores a través de media
centuria de "revolución" se están difuminando rápidamente.

Source: El fin de las gratuidades de la Revolución | Cubanet -
https://www.cubanet.org/destacados/el-fin-de-las-gratuidades-de-la-revolucion/
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