Tres leyes para un cambio real en Cuba

Tres leyes para un cambio real en Cuba
Son estas tres propuestas de sentido común, ineludibles para un Estado
moderno, indispensables para una ciudadanía de nuestro tiempo
Jorge de Armas, Miami | 26/08/2015 9:42 am

Cuba cambia. Esta afirmación es tan cierta como falaz, pero sobre todo,
incompleta. Cuba cambia, y tras el barniz simbólico de la reapertura de
embajadas, los cubanos, demasiado acostumbrados a anhelar soluciones que
vengan de fuera se llenan de esperanzas ante la nueva época de besitos
con el vecino del norte.
Cuba cambia, pero no tanto. Tampoco tan rápido como sería deseable.
Hasta ahora se han restituido ciertos derechos: trabajo no estatal,
compra y venta de autos y casas, viajes, y cierta forma de propiedad
privada. Cambios estructurales, de raíz política, ninguno.
Es entendible que un sistema afincado en la hostilidad permanente como
forma principal de supervivencia se resista a cambiar un modelo que le
permite un control absoluto de las herramientas de poder. No obstante,
hay espacios sociales legítimos donde Cuba tiene herramientas de derecho
antidemocráticas, obsoletas y sin sentido en el mundo contemporáneo.
Sostengo la tesis de que no habrá cambios sustanciales en el modelo
político y social hasta que se complete el relevo generacional en la
cúpula de poder cubano. Una vez traspasado el umbral de los "históricos"
de la "revolución cubana" viviremos modificaciones en las formas y los
modos de participación y representación. Pero en el camino, Cuba pudiera
ponerse a tono con la dinámica de derechos humanos y sociales sin
renunciar, de momento, al monolítico sistema de estructuración del poder.
En un ejercicio de abstracción superlativo pensemos que la Asamblea
Nacional, órgano legislativo del sistema político cubano, es una entidad
moderna y comprometida con el futuro de Cuba; pensemos que en el
tránsito necesario hacia nuevas formas de ejercicio del poder,
participación y representación del ciudadano tiene la voluntad de
trabajar por colocar a nuestro país a la altura de las naciones más
avanzadas en materia de derechos sociales. Entonces le sería muy
sencillo proponer y aprobar estas tres leyes que esbozo.
I
Aprobar el matrimonio igualitario y aprobar una Ley de Igualdad. Nada le
impide a Cuba establecer que la unión consentida de dos adultos no debe
circunscribirse a su sexo o género.
La Constitución cubana dice en su Artículo 36: "El matrimonio es la
unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud
legal para ello, a fin de hacer una vida en común".
Más allá de la incomodidad que provoca la lectura de tan acartonado
artículo, a la luz del siglo XXI y del trabajo que se ha realizado en
Cuba por recuperar los derechos de la comunidad LGTB no tiene sentido
alguno que se mantenga este artículo.
Nada impide al Parlamento cubano modificar dicho artículo. Salvo el
machismo perpetuo de ciertos sectores sociales en la Isla, el Estado
cubano es laico, aconfesional y declaradamente socialista, así que
aprobar el matrimonio igualitario, e instrumentar figuras jurídicas como
la unión civil y la de pareja de hecho para personas del mismo sexo,
estaría en concordancia incluso con el principio martiano de "con todos
y para el bien de todos".
Es necesaria una modificación del Código Civil y el Código de la Familia
readecuando este último concepto —familia— a una forma más contemporánea
que "hacer una vida en común". El nuevo código tendrá que incluir el
derecho de las familias monoparentales, madres solteras y familias
homosexuales. En el camino de la igualdad la paternidad y la maternidad
deberán ser consideradas de manera similar, más allá de establecer
mismos derechos y obligaciones en el desarrollo de los hijos.
Otro elemento que podría situar a Cuba en el tope de los países que
respetan la diversidad de género sería eliminar el mismo de todo
documento oficial. Femenino o masculino, fuera de carnés, pasaportes u
otros sistemas de control sobre el individuo, no solo por la inutilidad
de esa indicación con propósitos identificativos, sino sobre todo por el
carácter represivo y discriminatorio que la inclusión actual del dato
entraña.
En este punto se impone una Ley de Igualdad que certifique también las
reivindicaciones raciales. Si bien este tema ha sido planteado incluso
por el mismo Fidel Castro, quien en el Informe Central al Primer
Congreso del Partido Comunista dijo que había que aumentar la cantidad
de dirigentes negros, en la práctica la "revolución cubana" es blanca.
Juan Almeida Bosque y Esteban Lazo son elementos de visibilidad
propagandística de una igualdad racial no conseguida.
Una Ley de Igualdad con consecuencias penales para sus infractores
pondría a Cuba a la cabeza de los países que luchan por una igualdad
real. Esta ley podría propiciar incluso una discriminación positiva y la
paridad racial en las listas a las elecciones a los órganos de gobierno.
Es visible la desigualdad que existe en telenovelas, noticieros,
publicidades turísticas y la representatividad gubernamental.
Sería deseable que además de suprimir el genero o el sexo de los
documentos oficiales, de identidad u otro tipo, cualquier alusión racial
sea también. Que desaparezca el típico "ciudadano de tez negra" que usa
la policía en sus comunicados y actas públicos, y que lo reserve solo
para documentos y descripciones internas y puntuales.
II
El Parlamento cubano debería, en el proceso de tránsito hacia un modelo
diferente de gestión del poder, instrumentar mecanismos que lo legitimen
como verdadero representante del pueblo.
No existe en Cuba una Ley de Transparencia que le permita al ciudadano
conocer el uso real de los dineros del presupuesto, de los gastos
parlamentarios o los del Consejo de Estado y de Ministros. La necesidad
de una legislación de este tipo se evidencia aún más ante el incremento
de la corrupción en todos los niveles de la sociedad cubana, y como un
derecho fundamental del ciudadano.
El ciudadano tiene derecho a saber cuánto y cómo se gasta el dinero
público, a qué organizaciones va dirigido, de qué modo lo usan estas y
cuáles son los elementos medibles y evaluables de su gestión.
Una Ley de Trasparencia que obligue, por ejemplo, a los Comité de
Defensa de la Revolución a declarar en qué se ha utilizado cada centavo
y cuál ha sido el resultado de su uso. Del mismo modo con todas las
organizaciones de masas (que ahora las llaman no gubernamentales o de la
sociedad civil), y que en esencia usan dinero público.
El pueblo cubano tiene derecho a saber en qué se emplean los fondos del
Estado, el resultado de los viajes o gestiones que precisaron un
desembolso de activos y, sobre todas las cosas, los resultados de dichas
gestiones. Esta Ley deberá contar con las formas en las que el ciudadano
puede acceder a los datos y la obligatoriedad del Estado en garantizar
su difusión.
III
El Parlamento cubano tiene que garantizar el derecho a la vida
eliminando la pena de muerte.
Es cierto que en Cuba existe una moratoria sobre la ejecución de dicha
sentencia, pero se trata de un mecanismo conciliador provisional. En la
práctica dicha moratoria no es más que una advertencia, una espada de
Damocles, que anuncia que el Estado se otorga el poder sobre la vida de
sus ciudadanos.
Cuba daría un paso de gigante en el concierto de los derechos humanos si
deroga de una vez dicha sentencia y en su defensa, siempre indefendible,
se dejara de comparar con otras naciones que la mantienen.
La justificación de mantenerla en su carácter coercitivo sobre ciertos
delitos es falaz y vil. Las sociedades modernas no pueden permitirse el
uso amenazador de sus instrumentos jurídicos que deberían ser
regulatorios. La pena de muerte como escarmiento y advertencia es una
tergiversación del derecho y ubica a Cuba junto a los Estados con menos
garantías en el mundo.
Cuba, país que se vanagloria de su vocación humanista, manteniendo la
pena de muerte niega sus propios principios. Eliminarla daría una claro
mensaje de modernidad y de cambio, acorde con las dinámicas democráticas
actuales.
Estas tres iniciativas legislativas no comprometen la estructura
política e ideológica de Cuba, incluso, usadas con tino, podrían
reafirmarla. La igualdad de género y racial, la transparencia y el
derecho a la vida son de alguna forma coincidentes con los postulados
socialistas.
Son tres propuestas de sentido común, ineludibles para un Estado
moderno, indispensables para una ciudadanía de nuestro tiempo. No existe
ninguna justificación que impida que sean aprobadas, no hay
cuestionamiento político, no hay diversionismo ideológico, no existe un
solo presupuesto martiano, fidelista, leninista , marxista o cualquier
ista discursivo que pueda justificar la inexistencia de estas tres leyes.
Estas tres propuestas no excluyen otros debates necesarios en una nación
moderna.. Es hora de que se propicien discusiones sobre el uso medicinal
y recreativo de las drogas blandas, sobre ciertas formas de
entretenimiento para adultos que incluyan espacios de diversificación
sexual, sobre modelos alternativos de gestión de comunidades, o formas
paralelas de educación y enseñanza, entre muchos otros.
En los tres años que quedan para que se realice el cambio generacional
en el sistema de representación y poder cubano se pueden tomar muchas
medidas que facilitarían el mismo y que colocarían a Cuba en sintonía
con el resto del mundo.
Pensar en el futuro de Cuba es pensar en los cubanos.

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