La prueba judicial

La prueba judicial
marzo 11, 2015 11:58 am·

Cuba actualidad, San Agustín, La Habana, (PD) Si hay algo en nuestro
sistema legal que vulnera cada vez más el acceso del pueblo cubano a la
justicia lo es, sin lugar a dudas, la manipulación de las pruebas
judiciales por parte de los funcionarios del gobierno a todos los
niveles, lo que coloca a los ciudadanos en un estado total de
indefensión a la hora de defender sus derechos y denunciar las
arbitrariedades y abusos perpetrados a diario por las autoridades públicas.

La prueba judicial viene siendo por una parte la brújula que orienta a
los tribunales de justicia hacia dónde dirigir sus fallos, y por la
otra, constituyen las evidencias de que las partes en conflicto se valen
para sustentar sus pretensiones, o sea, el principio y el fin de toda
solución de conflictos; sin ellas, nada puede hacer la justicia.

Pero cuando se trata de la denuncia de un abuso de poder o arbitrariedad
de algún funcionario público, en especial de la Policía, la Fiscalía o
Seguridad del Estado, las pruebas de los ciudadanos se desvanecen, y
hasta los prestigiosos galenos cubanos traicionan su juramento hipocrático.

Cuántos cubanos han sido víctimas de atroces agresiones físicas que les
han ocasionado graves lesiones, incluso hasta la muerte, y estos
funcionarios del diablo han salido ilesos de la justicia, entre otras
cosas, por la manipulación de las pruebas de las víctimas, en
complicidad con los médicos.

Cuando se trata de agresiones de los ya mencionados funcionarios, los
certificados de los exámenes médicos, nunca son entregados a las
víctimas, por lo que estas nada pueden hacer a favor de sus defensa ante
los tribunales de justicia, si así podría llamársele a los tribunales
cubanos.

¿Cuántos periodistas independientes cubanos han sufrido esta realidad?

Me viene a la mente en estos momentos un caso que muy bien serviría para
ilustrar este comentario.

Adalio Alfonso Gómez solicitó mi asesoramiento para realizar una
denuncia por el asesinato de su hermano Osmany Alfonso Gómez, que en el
momento de su fallecimiento se encontraba recluido en el Centro
Penitenciario Valle Grande.
Su pretensión estaba basada en que su hermano padecía de una
hipertensión arterial severa y que falleció por la falta de atención
médica, al no habérsele suministrado los medicamentos prescritos por el
médico.

Al realizársele la autopsia, la misma arrojó que no había indicios de
que a su fallecido hermano le hubiesen suministrado medicamento alguno.
En breve recogería el certificado correspondiente, lo cual constituía la
única prueba con que contaba para demostrar la negligencia de los
funcionarios del Ministerio del Interior que debían velar por el
suministro de los medicamentos a su hermano, en especial, la fiscal
teniente Rosemarys Fonseca Quesada.

Después de darles las instrucciones pertinentes, le solicité el
certificado correspondiente para comenzar mis actuaciones. Pues bien, el
certificado jamás le fue entregado, y con ello la muerte de su hermano
quedó sin culpables, simplemente por no existir una prueba incriminatoria.

No se puede jamás hablar de justicia cuando esta se encuentra encadenada
por el Estado.

Para Cuba actualidad: nelsonchartrand@gmail.com
www.facebook.ClubAnarcocapitalistaCuba
*Abogado y miembro del Club Anarcocapitalista de Cuba (CAC)

Source: La prueba judicial | Primavera Digital -
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