Error de lista

Error de lista
El Presidente debe informar al Congreso luego que tome una decisión, y
tras ello viene un período de espera de 45 días. pero ello no implica la
necesidad de una aprobación legislativa
Alejandro Armengol, Miami | 03/03/2015 3:29 pm

Ya es hora de poner fin al error y que Estados Unidos saque a Cuba de la
lista de los países que apoyan o amparan el terrorismo. Poco cuentan en
este caso las bravatas del régimen de La Habana. Se trata de enmendar
una decisión que a estas alturas resulta obsoleta.
En este caso carece de fundamento hacer historia o recordar hechos de
otros tiempos, porque no es un listado de desmanes pasados sino de
amenazas presentes. Tampoco viene al caso sacar a relucir el incidente
del buque norcoreano Chong Chong Gang.
¿Para qué La Habana envió materiales bélicos a Pyongyang, cuando
Norcorea está considerado, a nivel internacional, como un régimen que
amenaza la paz mundial y uno de los peores sistemas de gobierno del planeta?
Si la Plaza de la Revolución consideró la necesidad de actualizar sus
armas, para ello recurrió al peor país del mundo y de la forma menos
adecuada. Como se diría en la escena del crimen: con premeditación,
alevosía y ocultamiento.
Sin embargo, no hay que olvidar un detalle clave. Corea del Norte,
añadida a la famosa lista en 1988 por vender armas y dar asilo a grupos
terroristas, responsable también por el atentado de Rangún y del Vuelo
858 de Korean Air, fue retirada en el 2008. Entonces era presidente de
este país George W. Bush.
Bush tomó personalmente esta decisión —como corresponde en la actualidad
a Barack Obama— al recibir garantías de verificación del proceso de
desnuclearización norcoreano. Así que el argumento del Chong Chong Gang
queda fuera de discusión, gracias a Bush.
No es un caso único. El 15 de mayo de 2006 Estados Unidos anunció que
Libia sería retirada de la lista —después de un periodo de espera de 45
días, igual que ahora—ya que la entonces Secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, afirmó la renuncia de ese país al terrorismo como
política de estado. El mandatario libio en aquella época, y durante los
años siguientes años, era Muammar Gadafi. De la memoria histórica como
ejercicio a practicar por republicanos olvidadizos.
La cuestión es que la lista es un instrumento —torpe, confuso y
limitado— para ser utilizado contra lo que se considera terrorismo en un
momento dado, Y ahora ese concepto se aplica fundamentalmente a la
organización Al Qaida y al Estado Islámico (ISIS). El utilizar dicho
listado con fines partidistas o para expresar un saludable rechazo al
gobierno de La Habana queda fuera de los fines del documento. Si ello ha
ocurrido durante años, no es razón suficiente para justificar el
mantenimiento del error.
Cuba fue añadida a la lista en 1982, debido a su apoyo a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a que miembros de Patria
Vasca y Libertad (ETA) vivían en la Isla. Era entonces presidente Ronald
Reagan y Centroamérica atravesaba por una convulsa situación de guerra,
guerrillas, grupos paramilitares y violencia generalizada con la
participación cubana. Nada de ello existe en estos momentos en
Centroamérica. Las FARC negocian la paz con el gobierno colombiano
precisamente en La Habana y el ex mandatario español José Luis Rodríguez
Zapatero, bajo cuyo mandato se puso fin a la violencia de ETA, acaba de
afirmar que para ese objetivo "tuvimos la colaboración de las
autoridades cubanas y quiero subrayarlo".
El argumento de los fugitivos estadounidenses acogidos en Cuba —el más
socorrido por quienes se oponen a la exclusión— mantiene su validez en
lo referente a un reclamo de justicia y a la necesidad de solucionar un
largo diferendo, pero no es razón de peso para constituir un obstáculo
mayor, salvo por quienes se aferran a él por motivos políticos.
La razón es simple. Si se deja fuera a los posibles estafadores, que al
parecer han encontrado refugio en la Isla (la lista no incluye a
naciones donde disfrutan del sol quienes debieran estar a la sombra por
delitos comunes), lo que queda es un reducido grupo de ancianos, cuyas
acciones condenables o condenadas ocurrieron decenas de años atrás. Ello
no los convierte en inocentes pero tampoco los sitúa como una amenaza
presente.
A partir de la falta de un tratado de extradición vigente, y de la
existencia de reclamos mutuos, la solución en estos casos transitaría
mejor dentro de un marco de colaboración y no con una fórmula obstinada,
que hasta el momento no ha logrado nada.
No han faltado reportajes y artículos bajo falsas premisas, espacios de
televisión dedicados a comentar la existencia de un programa de armas
biológicas ofensivas desarrollado por La Habana. Pero estos cuentos
siempre han chocado con la misma piedra: la carencia de pruebas
objetivas divulgadas que disipen las dudas. La evaluación de los
expertos nunca ha sido concluyente. Los testimonios de quienes
supuestamente han conocido estos planes y luego roto con el régimen no
han podido ser verificados de forma independiente.
Decir que en la actualidad Cuba no realiza ni promueve actos terroristas
no implica complacencia con el régimen. Se limita a señalar un hecho.

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