Represión, disidencia y reformas

Represión, disidencia y reformas
Mucho está en juego, tanto para quienes en Cuba se aferran a los ajados
mecanismos de conservar el poder, como para quienes desde el exilio
defienden el enfoque tradicional anticastrista
Alejandro Armengol, Miami | 19/01/2015 3:52 pm

Durante décadas el régimen de La Habana ha utilizado la represión como
otra forma más de distraer la atención sobre los graves problemas
económicos que afectan al país. Uno de los retos fundamentales para La
Habana, tanto en las conversaciones con Washington como con la Unión
Europea, es limitar ese uso. No se sabe aún sin la Plaza de la
Revolución cuenta con la capacidad necesaria para aceptar el cambio.
Mucho está en juego, tanto para quienes en Cuba se aferran a los ajados
mecanismos —pero aún eficientes— de conservar el poder, como para
quienes desde el exilio en Miami —y en su extensión en Washington—
defienden el enfoque tradicional anticastrista.
No es simplemente una definición elemental del poder, sino algo más
profundo: la capacidad de sobrevivir más allá de los esquema
elementales. Apostar por Raúl Castro en este sentido resulta riesgoso:
depositar las esperanzas en una oposición limitada u divida es confundir
una esperanza en buena parte fabricada desde el exterior con la realidad
del país.
Lo concreto, lo verdadero, es la disyuntiva entre el caos, y un posible
estallido social, por una parte, y una transformación lenta y edificada
sobre avances y retrocesos, por la otra. En ambos casos no es una vía
ideal y mucho menos meritoria desde el punto de vista ético, pero
también es un camino forzado por las circunstancias. Quienes se oponen a
transitarlo cuentan con un argumento válido: no es una solución al
problema y quizá en última instancia se limite a prolongar una agonía.
Los que lo apoyan también cuenta con razones valederas: en la actualidad
no hay otra alternativa.
Dejar fuera de este enfoque dos reclamos fundamentales no implica ironía
vulgar sino el intento de un análisis lo más objetivo posible. Uno es
que la función elemental del mecanismo represivo, por parte del régimen,
es impedir la pérdida de la menor parcela de poder. El ideal democrático
no deja de ser un reclamo justo y moral, pero al mismo tiempo sin
posibilidades reales de alcanzarse. La presión económica sobre el
régimen no ha dado resultado. Es cierto que los motivos son diversos,
pero en muchos casos las justificaciones son disparatadas. Afirmar que
el gobierno cubano necesite del comercio con Estados Unidos para
financiar su aparato represivo es tanto una visión de ciegos como un
dialogar de sordos. Confundir la nulidad comprobada de un embargo con la
puesta en vigor de un esquema de sanciones y recompensas es despreciar
una alternativa no comprobada y llena de riesgo en favor del amparo
emocional que brinda el quedarse tranquilo y no hacer nada nuevo. Apoyar
dicho razonamiento en el historial de un sistema —como único indicador a
tomar en cuenta— es desconocer la capacidad táctica del contrario.
El otro reclamo valedero, que se coloca a un lado, tiene también que ver
con el carácter emocional que implica un largo proceso. Es aceptar no
una claudicación, pero sí un ceder ante un enemigo que convirtió el
argumento de no sometimiento en un pretexto para la intransigencia y
método reaccionario. Cuenta como paliativo la necesidad a que obliga el
paso del tiempo: la mayor desventaja de quienes se oponen a los acuerdos
entre Washington y La Habana —hablar de pacto es un insulto— es que
marchan contra la corriente. Las generaciones jóvenes, tanto en Cuba, el
exilio como en Estados Unidos, no responden a los esquemas
tradicionales, entre otras razones por una fundamental: su presente
marca otra época. Podrán estar equivocados, pero es su tiempo y momento.
Más sensato que una oposición a ultranza es adoptar la actitud de buscar
provecho ante el nuevo escenario y elaborar métodos que faciliten y
presionen en favor de que los cambios económicos reviertan en espacios
democráticos. No es una vía fácil y carece de una satisfacción
inmediata, pero desechar esa alternativa es contribuir al estancamiento
actual y el caos en un futuro inmediato. Hay que reconocer que una parte
de la oposición cubana se muestra dispuesta a transitar esa vía, sin
detenerse a busca aplausos desde Miami, la condescendencia oportuna y la
docilidad premiada. No temen con ello a los intentos de marginalidad,
para los cuales hay expertos bien provistos a ambos lados del estrecho
de la Florida.
Si algo tiene que ganar la oposición —el concepto desborda al socorrido
expediente de la prensa de llamarla referirse a ella como "disidencia"—
con el nuevo enfoque promulgado por el presidente Barack Obama, es
conquistar una capacidad de acción que supere una legitimidad otorgada
solo a partir de su existencia. Si sobrevivir ha sido su mayor
conquista, ahora necesita todo el apoyo internacional para dar un paso
más allá. Evitar que reuniones, visitas y encuentros no se limiten a un
juego de apariencias —en última instancia hipócrita— es labor de sus
miembros, del exilio y de los diferentes gobiernos involucrados en la
actual situación. También —y por qué no reconocerlo— tanto del gobierno
de La Habana como de los factores externos e internos que desdeñan
catalogarse como oposición en favor de una alternativa paulatina y no
exenta de comodidad, pero que en la práctica se limitan al acatamiento y
la validación de los pequeños cambios, pero desdeñan esa falta de
reverencia indispensable para el avance.
Ampliar la labor
En julio de 2005, Martha Beatriz Roque lanzó un llamado para que la
disidencia iniciara una campaña más activa de participación ciudadana,
no solo con reuniones en los hogares y llamadas a las estaciones de
radio de Miami, sino de manera pública. Fue un reto importante y
valiente. Pero casi diez años más tarde no se ha materializado. No se
trata del expediente simple de negarle méritos a la oposición. Las Damas
de Blanco mantienen una presencia constante en sus denuncias. La
Organización Patriótica de Cuba (UNPACU) —quizá en la actualidad uno de
los grupos con mayor impacto en el país— ha llevado a cabo un gran
número de actividades. La imputación y el rechazo al régimen se han
multiplicado. Pero no hay que ocultar que ninguna organización, dentro
del amplio espectro de la oposición pacífica, puede mostrar un
expediente donde se apunte un acto de participación amplia de la
población. Se debe enfatizar que la naturaleza represiva del sistema es
la causa principal para que ello no ocurra, así como la imposibilidad de
crear una verdadera sociedad civil en ese entorno, pero ello no impide
el señalar la ausencia de un movimiento de protestas organizadas que
trascienda a la valentía de unos pocos. Hoy esas organizaciones
subsisten afrontando dificultades y en medio de un hostigamiento
constante. La búsqueda de alternativas, no que las sustituyan sino que
las amplíen, es más imperiosa que nunca. La declaración de Roque de
entonces: "El camino es la calle y vamos a utilizar la calle en toda la
nación", no ha logrado sobrepasar la audacia verbal del momento.
Tras los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder, en
contadas ocasiones las tensiones políticas en Cuba llegaron a la
confrontación callejera. La calle marca la frontera de lo permisible por
el régimen. Para Fidel Castro primero y luego para Raúl, uno de los
principios claves de su táctica política nacional es no dejar que se
pierda la calle. Para neutralizar o acabar con sus enemigos, ambos
hermanos nunca han dudado en ejercer la represión, pero también ha
desarrollado hábilmente la práctica de dejar abierta una puerta de
escape a los opositores —siempre que existiera esa posibilidad— y de
anticiparse a las situaciones límites: evitar manifestaciones de fuerza
masivas y públicas. No recurrir, si las circunstancias lo permiten, a
desplegar el poder policial descarnado. De esta forma, han logrado
combinar un rigor extremo con un historial que tras los primeros años
mencionados se ha visto casi libre de escenas sangrientas a la luz pública.
Este uso de la represión como profilaxis se ha intensificado con la
llegada de Raúl. La conclusión es que ahora en Cuba se mantiene una
tendencia a la disminución de los presos políticos, al tiempo que se
reprime cualquier manifestación de disidencia desde el inicio.
Detenciones por varias horas o pocos días, hostigamientos y actos de
repudio al menor intento de protesta. Para dificultarle aún más la labor
a los opositores pacíficos, La Habana ha puesto en marcha un estricto
código de prensa, que obliga a los corresponsales extranjeros a ser
sumamente cuidadosos a la hora de reportar, o de lo contrario se
arriesgan a ser expulsados.
El factor represivo explica en buena medida las limitaciones que siempre
han enfrentado los opositores pacíficos para realizar su labor. Pero no
es el único. Para la mayoría de los cubanos, la disidencia es una
alternativa política pero no económica. Esta última no radica en la
denuncia opositora sino en el mercado negro. Aunar estos aspectos ha
resultado imposible para la oposición.
El ampliar los reclamos y ofrecer otras alternativas, en que el apoyo
social y hasta económico —no en la forma elemental del dinero sino en la
esfera de ciertos servicios— forme parte de una agenda opositora, es un
camino apenas transitado, por las razones menciones. UNPACU ha logrado
cierto avance en este sentido, así como las Damas de Blanco. Por su
parte, el opositor Guillermo Fariñas ha declarado esta necesidad, pero
hasta el momento sin resultados a la vista.
En el terreno social y económico, donde se define en gran parte la
batalla por la calle, la disidencia ha tenido un efecto casi nulo. En
los momentos de mayor crisis económica del país, durante el llamado
período especial, la Iglesia Católica dio importantes pasos de avance
para cumplir una función de alivio. Pero una vez que el Estado logró una
mínima recuperación económica, intensificó el esfuerzo para recuperar el
terreno perdido.
Además de enfrentar una fuerte represión, toda organización disidente
que intente hacer llegar su mensaje a la población tiene que otorgarle
preferencia a los temas vinculados a la subsistencia diaria. Aunque los
grupos más importantes de la disidencia interna contemplan una amplia
plataforma, las cuestiones políticas han predominado en su discurso. Por
lo general, se perciben como opositores más preocupados por la libertad
de expresión que por un programa de justicia social.
Más allá de sus diferencias ideológicas —y de la imposibilidad que
enfrentan todos los grupos disidentes para hacer conocer sus puntos de
vista entre la población de la Isla—, éstos se perciben dedicados a la
defensa de los derechos humanos (en un sentido universal) y no de los
derechos e inquietudes de los ciudadanos (trabajo, vivienda, salud pública).
Nuevas alternativas
Por años el gobierno cubano ha logrado delimitar la lucha por los
derechos ciudadanos y la democracia al marco de una confrontación
tradicional. Una y otra vez La Habana brindó el necesario aliento al
sector más conservador de Miami, para que pudiera seguir justificando
una supuesta labor anticastrista. Se desconoce aún si impondrá la
persistencia en este rumbo. Pero el nuevo enfoque en los vínculos entre
Washington y La Habana, ofrecido por el presidente Obama y al cual el
gobierno de Raúl Castro no ha brindado aún una respuesta inmediata, abre
la posibilidad otras alternativas.
Si el gobierno cubano permite la ampliación del trabajo por cuenta
propia, la creación de pequeñas empresas privadas y el fortalecimiento
de los emprendedores no estará dando pasos concretos en favor de la
democracia en Cuba. Lo que se logrará por esta vía es el desarrollo de
un ciudadano más consciente de sus capacidades y limitaciones, con
independencia del Estado. Y esto no es poco.
Si de alguna manera se logra que el gobierno de La Habana se vea
obligado a cierta contención represiva, y las páginas con la información
sobre Cuba de la prensa mundial no se vean limitadas a noticias de actos
repudiables, sino contemplen también el análisis de la situación
económica del país, como la falta de un crecimiento real, el grave
problema monetario, la ausencia aún de las necesarias inversiones
extranjeras y la incapacidad para mejorar la producción agrícola —como
en parte ha venido ocurriendo en las últimas semanas— sería un paso de
avance.
Entonces junto a "la batalla por la calle", siempre necesaria y
pendiente, y la denuncia a los actos represivos entrarían a jugar otros
factores sociales y económicos, no como "tabla de salvación al régimen"
ni como "oxígeno que necesita", sino como vía de transformación. Que las
aparentes "concesiones" del régimen no se limiten a la puesta en
libertad de un grupo de prisioneros políticos debe ser parte de los
reclamos de los gobiernos estadounidense y europeos. Si de momento no es
posible "ganar la calle", al menos que se logre obtener mayores fuentes
de ingreso para los cubanos, sin la necesidad de un Estado paternalista
y despótico. No es el camino pronto a la democracia, pero sí es una
forma de lograr la independencia laboral del ciudadano.

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