El régimen avizora una oportunidad

El régimen avizora una oportunidad
Mauricio Claver-Carone | Washington | 4 Abr 2013 - 9:00 am.

El Departamento de Estado de EE UU considera cambiar la designación de
Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Hacerlo sería otorgarle a
La Habana una victoria diplomática inmerecida.

Durante la pasada década, el gobierno de los Castro gastó billones de
dólares seduciendo burós de agricultores estadounidenses y empresarios
agrícolas para conseguir, a través de sus influencias en el Congreso,
que se levantaran las sanciones contra Cuba. Reconociendo recientemente
las pocas posibilidades de que el Congreso de EE UU vote por esos
cambios sin poner condiciones a cambio, y aventurando una posible
apertura con el nuevo secretario de Estado John Kerry, quienes hacen
lobby por los Castro han cambiado la meta de sus negociaciones con la
administración Obama, y apuestan ahora por sacar a Cuba de la lista de
Estados patrocinadores del terrorismo confeccionada por el Departamento
de Estado.

Durante su carrera como senador, Kerry abogó por suavizar las sanciones
estadounidenses sobre Cuba. Las especulaciones de que el Departamento de
Estado considere sacar a Cuba de esa lista que incluye a Irán, Sudán y
Siria, han sido alentadas por algunos reportes noticiosos que citan
frases contradictorias de fuentes anónimas de la administración. Según
The Boston Globe, varios diplomáticos de alto nivel han sugerido que
Cuba sea sacada de esa lista. Sin embargo, Victoria Nuland, vocera del
Departamento de Estado, aclaró a finales de febrero pasado que no
existían "planes actuales" de cambiar la designación de Cuba como estado
patrocinador del terrorismo. No obstante, esto no ha disminuido los
esfuerzos de aquellos que buscan un acercamiento al régimen de los
Castro, y la decisión final sobre el tema no será revelada oficialmente
hasta el 30 de abril.

Cuba está incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo
desde 1982 debido a sus acciones hostiles y al apoyo que ha brindado a
grupos insurgentes armados. Y, aunque la pertenencia a esa lista impone
sanciones como la prohibición de EE UU de vender armas y de ofrecerle
ayuda económica a tales países, la salida de Cuba de la lista influiría
muy poco sobre esas sanciones, que fueron codificadas por separado en
1996. No obstante, ello ofrecería a los hermanos Castro una gran —e
inmerecida— victoria diplomática.

Los Castro llevan tiempo protestando e intentado salirse del ostracismo
que conlleva esa lista de terroristas, pero se han negado siempre a
modificar el comportamiento que les ha valido tal designación. Por otra
parte, están esperanzados en que el cambio de estatus podría mejorar su
situación entre los congresistas reacios, conduciendo más fácilmente, en
un futuro cercano, al levantamiento incondicional del embargo.

Conforme a los criterios legales estipulados en la sección 6(j) de la
Ley de Administración de Exportaciones (actualmente reautorizada bajo la
Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales), Cuba solo
puede eliminarse de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo
mediante dos maneras.

En la primera de ellas, el presidente de EE UU presenta un informe al
Congreso que certifique que ha ocurrido un cambio fundamental en el
liderazgo y en las políticas del gobierno de Cuba, que Cuba no apoya ya
actos de terrorismo internacional, y que Cuba ha dado "garantías" de que
no apoyará ningún acto de esa clase en el futuro.

Sería falso argumentar que ha habido un "cambio fundamental" cuando los
Castro han gobernado el país con mano de hierro durante 54 años. Esta
opción no pasa la prueba de la risa.

La otra opción es que el presidente estadounidense decida acabar con la
lista y, al menos 45 días antes de hacerlo, presente un informe en el
Congreso que asegure que el Gobierno cubano no ha proporcionado ningún
apoyo al terrorismo internacional durante los seis meses precedentes y
ha ofrecido garantías a EE UU de que no apoyará actos terroristas en el
futuro.

Constituiría un insulto a los estadounidenses que la eliminación de Cuba
de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo se basara
únicamente en las garantías de cambio hechas por una dictadura que
reprime brutalmente a su población, desafía el Estado de derecho,
acostumbra a fomentar por todo el mundo el antiamericanismo con una
provocadora retórica antidemocrática, y mantiene en prisión a un
cooperante estadounidense, Alan P. Gross. Detenido en diciembre de 2009,
el "delito" de Gross consistió en ayudar a miembros de la comunidad
judía de Cuba a conectarse a internet.

Esta segunda opción tiene un mal precedente: la última vez que EE UU se
confió de las "garantías" de un dictador para justificar la exclusión de
un país de la lista de patrocinadores del terrorismo fue en 2008, cuando
el presidente George W. Bush aceptó el testimonio de la familia Kim de
que Corea del Norte no apoyaría o participaría en actos de terrorismo
internacional. Lo cual, obviamente, no funcionó bien a la larga.

Solamente la falta de credibilidad de los hermanos Castro es legalmente
suficiente para prohibir el cambio de designación de Cuba. Pero, además,
Cuba ha de ser descalificada porque continúa promoviendo y apoyando el
terrorismo internacional. El Informe de Países y Terrorismo del
Departamento de Estado norteamericano establece una lógica de tres
puntos para la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo:

Primero, "los miembros actuales y anteriores de ETA continúan residiendo
en Cuba... Informes de prensa indicaron que el Gobierno cubano
proporcionó asistencia médica y política a las FARC. No hubo indicio
alguno de que el Gobierno cubano proporcionó armas o entrenamiento
paramilitar a ETA o a las FARC".

EE UU considera a ETA y a las FARC como organizaciones terroristas
extranjeras y Cuba sigue prestando apoyo a ambos grupos. El argumento
nuevo favorito de aquellos que buscan la eliminación de Cuba de la lista
es tener en cuenta que las negociaciones de paz entre el Gobierno
colombiano y las FARC están teniendo lugar en La Habana. Pero para sacar
a Cuba de ese listado, EE UU tendría que anular la designación de ETA y
las FARC como organizaciones terroristas extranjeras. Y más importante
aún, no existe todavía acuerdo de paz o paz en Colombia, y ETA sigue
amenazando a España.

Testificando sobre Colombia ante el Comité de Servicios Armados, el
general John F. Kelly, jefe del comando sur estadounidense, ofreció
cierta perspectiva: "Los grupos terroristas representan un desafío
persistente que ha asolado la región durante décadas. Las FARC es la
guerrilla más antigua, más grande, más capaz y mejor equipada de la
región. El gobierno de Colombia se encuentra en negociaciones de paz con
las FARC, pero la lucha está lejos de haber terminado y un acuerdo de
paz exitoso no está garantizado. Aunque debilitada, las FARC continúan
confrontando al Estado colombiano, utilizan dispositivos explosivos y
sabotean infraestructuras energéticas y conductoras de petróleo".

En segundo lugar, el informe del Departamento de Estado sobre Cuba
afirma que "el Gobierno cubano continúa permitiendo que fugitivos de EE
UU residan en Cuba, e incluso los provee de viviendas, cartillas de
racionamiento y atención médica".

Esto no ha cambiado. El FBI estima que Cuba ha servido de puerto seguro
a más de 70 prófugos de la justicia estadounidense, los cuales viven en
la Isla al amparo del régimen castrista. A algunos de estos fugitivos se
les acusa o han sido condenados por asesinato, secuestro de personas y
secuestro aéreo, y entre ellos existen notorios asesinos de policías en
Nueva Jersey y en Nuevo México.

Merecen especial mención en este punto las acusaciones impuestas por EE
UU contra los pilotos cubanos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco
Pérez Pérez, y contra el general Rubén Martínez Puente, jefe de la
fuerza aérea cubana que en 1996 ordenó a los pilotos derribar dos
aviones civiles estadounidenses sobre aguas internacionales en el
estrecho de la Florida. Ese acto de terrorismo acabó con la vida de
cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

En tercer lugar, un informe del Departamento de Estado avisa que la
Financial Action Task Force (FATF) ha identificado a Cuba como país con
deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo. En febrero pasado, el régimen castrista hizo "un
compromiso político de alto nivel" para trabajar con FATF respecto a
blanqueo de dinero y a flujos de dinero del terrorismo a través de Cuba.
Pero desde entonces no ha habido ningún esfuerzo cubano perceptible para
tipificar como delito el lavado de dinero o establecer procedimientos
para identificar y congelar los activos de los terroristas.

Nuevos argumentos

A las justificaciones existentes para mantener a Cuba en la lista de
patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado puede agregar
ahora nuevos puntos.

El terrorismo es definido en la legislación estadounidense como "el uso
ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes para
intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier
estamento, en cumplimiento de objetivos políticos o sociales". La
detención y el encarcelamiento arbitrario de Alan P. Gross bajo el cargo
de acciones internacionalmente protegidas por el artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es
signataria, constituye un acto de terrorismo. Por otra parte, el régimen
castrista ha dejado claro que mantendrá a Gross como rehén hasta que EE
UU libere a los cinco espías cubanos condenados en cortes federales
estadounidenses.

Además, miles de soldados cubanos y oficiales de inteligencia se
encuentran emplazados en Venezuela. La presencia cubana allí y el
control que ejerce sobre los más altos niveles del ejército, la policía
y la inteligencia venezolana no solamente amenaza con subvertir la
democracia de esa nación, sino que permite que las autoridades
venezolanas sirvan a los intereses cubanos en el tráfico de droga y de
armas, y en el apoyo a organizaciones radicales como Hezbolá y la rama
iraní de Al Qaeda.

Los estrechos vínculos políticos de Cuba con otros Estados
patrocinadores del terrorismo —particularmente Irán y Siria— y su
historia de compartir información secreta con regímenes condenables son
de gran preocupación y, según varios exfuncionarios de la inteligencia
estadounidense, plantean un riesgo para los esfuerzos que realiza EE UU
en la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente y otras regiones.

Tal como el presidente Obama reconociera el mes pasado al renovar la
designación de "emergencia nacional" que regula el movimiento y el
anclaje de barcos en el estrecho de la Florida (un procedimiento
emprendido cada año por los presidentes estadounidenses desde 1996,
luego del derribo de aviones civiles estadounidenses por el régimen
castrista), "el Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendría del
uso de fuerza excesiva contra buques o aeronaves estadounidenses que
puedan participar en eventos conmemorativos o en protestas pacíficas en
el norte de Cuba".

Sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en
base a meras esperanzas de mejorar las relaciones bilaterales sería una
mala práctica de política exterior. El gobierno cubano debe ganarse el
ser considerado de otro modo. Evidentemente no lo ha hecho así hasta
ahora, y mientras los hermanos Castro retengan su absoluto control sobre
la Isla, no es probable que lo haga.

http://www.diariodecuba.com/internacional/1365025824_2607.html